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Editorial

Derechos humanos frente a populismo

 

19/01/2018

El año 2017 significó un frenazo al avance del populismo que representó la victoria de Donald Trump en Estados Unidos en noviembre del 2016. Esta es al menos la principal conclusión del informe anual que la oenegé Human Rights Watch (HRW) ha presentado en París. La elección de la capital francesa, frente a la de Washington donde se presentó hace un año, quiere premiar a uno de los campeones que, según HRW, más ha contribuido a contener el populismo: el presidente francés Emmanuel Macron, con su victoria frente a la líder ultraderechista Marine Le Pen. «El impulso populista no es inevitable y puede ser revertido si los gobiernos y la gente están dispuestos a hacer el esfuerzo», señala acertadamente el informe.

El elogio de Macron es especialmente significativo porque su triunfo se produjo tras una campaña electoral en la que defendió los valores democráticos y europeístas frente a la amenaza de la xenofobia y la exclusión cuando parecía que estas lacras se imponían en las opiniones públicas a raíz de la victoria de Trump. En este sentido, el joven presidente francés tuvo la valentía de distanciarse y enfrentarse a la ola populista, rechazando las tesis de que para evitar el crecimiento de la extrema derecha hay que practicar políticas cada vez más próximas a los postulados ultras. Esto es lo que ha ocurrido, según HRW, en Austria, Holanda o Alemania, donde los partidos de la derecha tradicional han tratado de emular a las fuerzas extremistas y solo han conseguido reforzarlas o acabar aplicando medidas que surgen del programa electoral de los ultras. Pese a la mejora mundial, la oenegé no olvida los graves atentados a los derechos humanos que se han producido en Turquía, Egipto, China o Venezuela, en muchos casos a cuenta del virus populista, y su receta contra las violaciones de los derechos humanos reside en la resistencia, en la convicción que deben mantener ciudadanos y políticos frente a posiciones simplistas e insolidarias.

HRW, a la que se ha apelado en ocasiones desde las fuerzas independentistas catalanas durante el procés, elude en su informe anual pronunciarse sobre el derecho de autodeterminación, sostiene que el conflicto que se vive en Cataluña es una cuestión política y no de derechos humanos, aunque también critique el «uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional» el pasado 1-O. Esta valoración se produce el mismo día en el que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reafirmaba la idea de que fue una actuación «proporcionada», teniendo en cuenta la enorme tensión de la jornada y la actitud de los Mossos. En su momento, Aministía Internacional también rehusó calificar de presos políticos a los acusados en prisión preventiva. Otro ejemplo clarificador de que España no es ese Estado oscuro y autoritario que se dibuja desde algunos sectores independentistas.

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