La democracia municipal

Las últimas elecciones municipales democráticas, las celebradas el 12 de abril de 1931, habían tenido unas consecuencias políticas de primer orden: ni más ni menos que la implantación de la República ante la evidente falta de apoyo de las candidaturas monárquicas en las principales ciudades españolas. Posteriormente, durante la dictadura franquista las elecciones municipales no fueron sino uno de los puntales mediante los que el régimen intentaba lograr los necesarios «consensos» para su mantenimiento y que funcionaron como un elemento más del profundo control con el que la dictadura sometió a la sociedad española. Igualmente, las últimas municipales celebradas antes de la democracia habían tenido lugar el 25 de enero de 1976: en Córdoba se habían enfrentado dos candidatos que ya habían ostentado el mandato de la ciudad, Antonio Cruz Conde, alcalde entre 1951/1962, y quien la ejercía en aquellos momentos Alarcón Constant; pasaron con más pena que gloria, de espaldas a la mayoría de la ciudadanía y en medio de un clima político que anunciaba el final de la dictadura.

El 3 de abril de 1979 supuso una gran fiesta para la democracia en toda España; tras dos procesos electorales generales y de la aprobación en referéndum de la Constitución el 6 de diciembre de 1978, finalmente, entraba la democracia en los ayuntamientos, es decir, en la parte de la administración del Estado que más cerca está de los ciudadanos, en aquella en la que estos ponen a la política cara y en la que pueden proyectar la petición de soluciones a los problemas diarios. Con un triunfo generalizado de las izquierdas en las principales ciudades del país gracias al pacto entre las diferentes fuerzas políticas de este signo, Córdoba es la única capital de provincia en la que se impone la candidatura del PCE, partido que durante la última fase de la dictadura había desarrollado una importante actividad en el mundo sindical, vecinal, profesional o universitario llevando a Julio Anguita a la alcaldía.

Los primeros años del funcionamiento de los ayuntamientos democráticos estuvieron llenos de dificultades para una nueva clase política sin experiencia de gestión que debía de enfrentarse, y ahora desde la transparencia y la crítica a la que su labor era sometida por la oposición, a numerosos problemas que concernían a la vida de los ciudadanos. Quizás, en aquellos momentos como ahora, una de las grandes cuestiones que continuamente ensombrece la política municipal sea el intentar explicar convincentemente a la ciudadanía que esta política municipal no está, fundamentalmente, para solucionar asuntos que atañen a las políticas generales del Estado, en todo caso para canalizarlos, para alumbrar soluciones, administrando los recursos de los que dispone en aras de lograr un mejoramiento de la vida diaria de los ciudadanos (servicios públicos, disciplina urbanística, conservación del patrimonio, protección del medio ambiente, etc.). De la experiencia de gestión, del enfrentarse a los problemas de la ciudadanía a lo que los ayuntamientos democráticos tuvieron que hacer frente surgiría una potente corriente política, el municipalismo, que tendría expresiones dispersas en algunos consistorios conscientes de la enormidad de sus retos y que, desde los años ochenta, comienza a canalizarse a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El gran problema de las administraciones municipales democráticas antes y ahora no es otro que el afrontar y dar respuesta, siempre con recursos limitados, a las cuestiones que conciernen a los ciudadanos en su día a día; sin embargo, en momentos de crisis del sistema político, cuando desde algunos planteamientos se pretende cuestionar el modelo de democracia representativa que, con frecuencia deja inerme al ciudadano frente al Estado, el municipalismo que, desafortunadamente, ha ido perdiendo presencia, quizás, sea uno de los mejores instrumentos para lograr un mejor engranaje de los diferentes estratos políticos. Y todo ello en la medida en que llegue a ilusionar a la ciudadanía, logre desarrollar la democracia participativa, se posibilite la intervención de manera más directa en la res pública y se llegue a la corresponsabilización en la gestión con los representantes locales. Quizás, de esta forma, podamos ahuyentar algunos fantasmas que, desde diferentes ángulos, vienen amenazando a la política democrática en España y en Europa.

* Historiador