Demasiada campaña electoral

Desde antes de la disolución de las Cámaras, ya empezó la campaña electoral con eso que llaman «precampaña», y va a continuar durante tres meses al coincidir, con un mes de diferencia, las elecciones generales con las autonómicas, europeas y municipales. Es demasiada campaña electoral que si no se dosifica bien puede llevar al votante al hartazgo, cansancio y hasta aversión a los propios partidos. Lo cierto que es que el panorama más que indeciso se presenta variable, al estar tanto la derecha como la izquierda fragmentada y las coaliciones van a ser las que determinen el gobierno nacional, incluso autonómico y local. Ya lo hemos comprobado en el histórico cambio del Gobierno andaluz, y supongo que los pactos entre partidos serán la tónica en el resto de gobiernos. Pero por si acaso, y para diferenciarse, cada partido político va avanzando con quién negociaría y con quién no, y distanciándose unos de otros en determinados temas. En los que sí coinciden todos es en apropiarse del electorado, apareciendo como únicos abanderados de los derechos de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores, de los taxistas, de los pensionistas, en definitiva, de cualquier colectivo que se manifieste; sin darse por aludidos del hecho de que la gente se manifiesta porque sus intereses no se han visto protegidos ni defendidos por el gobierno de turno ni por los de la oposición. Pero en eso, no asumen responsabilidad. Ahora la polémica es que Sánchez gobierna por decretos ley, en precampaña electoral, y que lo hará hasta el último momento. Es cierto que otros presidentes del Gobierno lo han hecho también y no voy a entrar en esa discusión política, pero lo cierto es que esa actuación crea inseguridad jurídica, pues todo decreto ley ha de ser convalidado en el plazo de treinta días siguientes a su promulgación por el Congreso, que al estar disuelto, lo hará la Diputación Permanente representada proporcionalmente por los mismos grupos políticos que había en la Cámara baja. Y puede ser que no sean convalidados sino derogados dichos decretos, después de su publicación, como ya sucedió con el anterior decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler de 14 de diciembre, que apenas estuvo en vigor un solo mes, circunstancia que puede volver a repetirse. Y es que esas particulares campañas electorales lo que evidencian es una auténtica falta de propuestas concretas que defiendan los intereses generales de todos los españoles, sobre todo cuando el voto estará muy dividido entre los distintos partidos. Por lo que a nivel nacional respecta, está clara la disputa del gobierno no solo entre izquierda y derecha, sino entre la misma derecha, pues si hubiera posibilidad de que esta gobernara sería interesante la discusión de quién presidirá el Gobierno, si Casado o Rivera. Pero lo que me preocupa en las elecciones generales, en las que pesa el conflicto catalán, es la representación que en el Congreso puedan tener los partidos independentistas, al coincidir el juicio del procés con las elecciones. Si tendrán mayor o menor representación que en la anterior legislatura, porque de nuevo entrarán en escena con su apoyo a los partidos de la izquierda pudiendo repetirse la misma situación dependiente de los separatistas; ¡otro hartazgo! Y lo que nos queda. Después de la incógnita constitución de las nuevas cámaras y Gobierno central, vienen las elecciones municipales, que de seguro se verán afectadas por el resultado de las generales, pero que no debería, pues la auténtica y más importante política es la del gobierno municipal al afectar en el día a día de su vecinos, y que no está influenciada por los partidos nacionalistas que muchas veces condicionan la política nacional. Al menos, ya se celebraron las andaluzas, pero desde entonces llevamos arrastrando meses de campaña electoral continua, excesiva y desmedida que ya resulta insufrible y hasta innecesaria.