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Editorial

Delincuencia sobre un grave problema social

 

16/04/2018

Un grave problema social, el de los desahucios  y la falta de acceso a la vivienda, está siendo aprovechado como soporte de actividades delictivas para las que ni las fuerzas de seguridad ni la propia justicia tienen instrumentos ágiles para combatirlas. El fenómeno okupa no puede entenderse en estos casos como movimiento de protesta social ni como acción desesperada de familias sin hogar, sino como lucrativo negocio de mafias que se introducen en residencias vacías o de vacaciones para dedicarlas a acciones ilegales (los narcopisos, por ejemplo) o alquilarlas con toda la desfachatez a personas sin vivienda. La legislación no prevé penas elevadas y, con una normativa garantista como la española, se produce el hecho endiablado de que la policía solo puede actuar si se intercepta a los okupas en las primeras horas. Después se pone en marcha el procedimiento judicial que los okupas alargan e, incluso, cuando llega la orden de desalojo ya hay otras personas distintas en la vivienda y el procedimiento arranca de nuevo.

Los propietarios pierden su derecho a acceder al inmueble, y en muchas ocasiones tienen que seguir afrontando las facturas cruzando los dedos para recuperar alguna vez su propiedad sin grandes destrozos. Algunos ceden a la extorsión y pagan para recuperar lo que es suyo.

En Córdoba la situación no es tan grave como en las grandes capitales, por lo que las autoridades están a tiempo de impedir que estas mafias proliferen y se hagan fuertes, estando atentos a las quejas de los vecinos (a veces intimidados y con miedo) y desmantelando estas colonias antes de que se asienten.Cada semana se juzgan en nuestra provincia once casos de usurpación, así que las cifras empiezan a ser preocupantes.

Mientras las situaciones de necesidad extrema se mezclen con las de abuso descarado y extorsión,  las acciones más eficaces serán las preventivas, con más vigilancia provincial en los barrios y coordinación con el vecindario. Nada de esto ocurriría si las administraciones hubieran implementado una política de vivienda social que protegiera y diera techo a las víctimas de la crisis. Ratificar a los okupas empadronándolos cuando demuestran su necesidad extrema solo trae complicaciones a medio plazo. Las cosas pueden empeorar cuando los fondos buitre se hagan cargo de viviendas que compraron a los bancos y en las que hoy hay familias pagando alquileres muy bajos. ¿Dónde irán? Todo puede ir a peor si no se frena ahora. 117 denuncias el año pasado en Córdoba y más de 600 personas registradas como autores de ese delito son una alerta suficiente antes de que crezca la violencia y el abuso.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.

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