Salvo imprevistos, Pedro Sánchez será designado este martes presidente de un Gobierno de coalición progresista cuyo alumbramiento será posible con la abstención de ERC y después de que PP y Cs se borraran de la ecuación. Pasamos página a un 2019 de vértigo, con cierto hastío político, y ponemos rumbo a un 2020 con un Ejecutivo indispensable para superar la limitación de un gabinete en funciones. El escenario que se abre no está libre de nubarrones pero Sánchez e Iglesias han armado un programa con acento social desgranado a las puertas de Nochevieja que tratarán de aplicar ante entusiastas, escépticos y detractores. No era el gobierno que Sánchez tenía en mente en abril pero son las cartas repartidas el 10-N.

Las aguas bajan revueltas. El PP considera a Sánchez un “peligro” pero desde esa misma noche electoral no se ha movido para tejer una alternativa en aras de preservar la unidad de España que dice ver peligrar. En varios círculos y foros de Madrid se ha instalado un clima alérgico a la coalición y a la negociación con el independentismo. Fomentan un imaginario de desastre sin proponer alternativas edificantes. Si las primeras sesiones del debate de investidura son aperitivo del tono de la derecha y ultraderecha -Casado y Abascal no escatimaron en calificativos despectivos desde el atril- parece improbable que Sánchez consiga acuerdos transversales de calado en un Congreso tan fragmentado.

A Sánchez tampoco le espera un camino de rosas en la cuestión territorial. No es casual que arrancara el discurso afirmando que no se va romper España aunque acto seguido subrayó su diversidad. En campaña subió el tono y ahora el guion le exige moderación para salvaguardar la delgada línea del diálogo que se espera entablar en cuestión de días. El vapuleado acuerdo con ERC era tan necesario para apuntalar su presidencia como suficientemente ambiguo para que las dos partes pudieran defenderlo ante los suyos. Es a su vez un balón de oxígeno para los agentes socioeconómicos catalanes que en octubre, con las calles incendiadas, urgieron a desescalar la situación. Las patronales recelan del menú económico de la coalición pero saben que con la derecha es más complicado encauzar por la vía política un conflicto de esta naturaleza. Quizá la mesa entre gobiernos encalle a las primeras de cambio, pero la factura de la vía unilateral y de la judicialización por incomparecencia de la política ya es conocida.

El diálogo puede alterar también el tablero de juego de los independentistas. La resolución de la JEC para inhabilitar de inmediato a Quim Torra llevó al Parlament a votar en contra de un supuesto “golpe de Estado”, el enésimo según unos y otros en la década que cerramos. Otra sesión baldía y tardía.

ERC le reserva un puesto al president en la mesa bilateral después de excluirlo de las negociaciones. Está por ver si Torra lo ocupará aunque aguarda tranquilo. Los pasos de JxCat los guía Carles Puigdemont, quien designará el eventual relevo o candidato. El expresident ha mostrado sus reservas al pacto de los republicanos con el PSOE y exige consensuar posturas. Los posconvergentes no quieren ceder más protagonismo y su aportación a la mesa se verá condicionada por el pulso electoral. El diálogo discurrirá por un campo minado.

* Periodista