Los que hemos tenido la suerte de ser padres y nos hemos planteado la escolarización lógica y obligatoria de nuestros hijos, en la mayoría de los casos hemos pasado de ese especie de debate ideológico que desde la política se nos ha querido plantear entre la enseñanza pública y privada y nos hemos centrado en las referencias que hemos tenido de los centros educativos en los que podíamos escolarizar a nuestros deudos. Por supuesto una cosa es querer y otra poder, y en tratándose de dónde han de ser educados nuestros hijos, escolarmente hablando se entiende, para los padres siempre ha existido un bien supremo y sacrosanto: elegir libremente un centro. Esa libertad sin restricciones debería ser la aspiración más democrática del derecho a la libre escolarización. No es una cuestión de si la enseñanza privada o pública es la mejor. En Córdoba tenemos ejemplos de centros públicos y privados de gran calidad por el que los padres suspiran. Lo que hace que un centro tenga más calidad está simplemente en el nivel de compromiso de la comunidad educativa con lo que significa la educación de los niños y niñas. He dicho la comunidad educativa, esto es, todos. Y ¿quién es la comunidad educativa? Pues por decirlo de una manera general, sus integrantes son personas afectadas y que afectan a la educación. Y de manera más concreta, directores, administrativos y directivos de escuela, maestras, estudiantes, padres de familia, educadores, etc. Nadie duda que se parte de un mínimo de calidad aceptable en todos los centros educativos, pero como es lógico por el principio del esfuerzo y el compromiso hay escalas y niveles que progresan hasta la excelencia. En esta sana competencia este nuevo decreto de escolarización de la Junta de Andalucía, simplemente refuerza o facilita esa inalienable y democrática libertad de elección de los padres.

* Mediador y coach