El Gobierno aprobó ayer viernes un decreto para reducir, simplificar y bonificar el recibo de la luz. La facturación eléctrica en España es un laberinto para la comprensión de los usuarios, como reconoció la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero el paquete de medidas presentadas no ha podido sustraerse a esa confusión. El común denominador es una declaración de intenciones políticas: favorecer al consumidor y promover las energías renovables.
La concreción de cada una de las medidas es menos ambiciosa. Se suprime durante un plazo de seis meses --periodo en el que se pretende articular una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética-- el impuesto del 7% sobre generación eléctrica y el impuesto de hidrocarburos, una medida con impacto reducido, puesto que gravaba solo el consumo, que es menos del 50% del recibo, con lo que el ahorro rondará el 4% del pago final. También se elimina el conocido como «impuesto al sol», una absurda carga fiscal que desincentivaba el autoconsumo de energía solar. Y se amplía el bono social a más colectivos, destacando la ampliación del umbral de renta exigible para las familias monoparentales y la prohibición de cortes de luz en las familias que tengan a menores de 16 años. A ello se sumará el bono social térmico, que se concederá a los beneficiarios del bono eléctrico y se destinará a los sistemas de calefacción. Son medidas con las que se pretende dar tranquilidad a los más desfavorecidos para afrontar el invierno, pero, y el Gobierno lo entiende así, no resuelven el problema, que requiere de un estudiado análisis. De entrada, la pérdida de ingresos para el Estado con la aplicación de estos acuerdos del Consejo de Ministros rondará los mil millones de euros.
Se amplía también el plazo para renovar el bono social, del que en Córdoba son demandantes 66.000 familias si se suman las beneficiarias del anterior sistema y las que estaban de alta como solicitantes del nuevo bono. En España son 4,6 millones las personas que viven en situación de riesgo de pobreza energética.
Un segundo bloque de medidas pone límites a lo que el Gobierno considera abusos de las compañías suministradoras: la comercialización puerta a puerta, la reducción de los tramos de la potencia contratada y la ampliación de la tarifación por franjas horarias. Todas en la buena dirección, aunque dependerán de la capacidad que tenga el propio Ejecutivo de controlar su cumplimiento.
El recibo de la luz debe ser más claro y más transparente. Se ha dado un paso adelante, pero queda mucho por hacer: una reforma eléctrica que traslade los costes reales al recibo, sin peajes ni otros subterfugios y arregle por la vía impositiva su impacto en las rentas vulnerables.
