Al final, el 2019 no ha sido tan negativo como yo preveía, al menos en términos económicos. Aunque realmente no sé si tengo esa percepción por lo que creo que nos espera, y mi pesimismo de 2019, en principio, se ha trasladado y multiplicado por dos en 2020. Es cierto que hemos estado año y medio con un gobierno en funciones y unos presupuestos prorrogados (los ya famosos presupuestos de Montoro), pero el tiempo ha demostrado que esos presupuestos no estaban tan mal como gritaban los miembros del PSOE, a finales de 2017 principios del 2018, y que se ha seguido por una senda de «estar más o menos» desde un punto de vista económico en el año que ha finalizado. Así, el crecimiento económico si bien es cierto que va a ser menor que en 2018, se sabe que al menos se va a reducir en un 0,6% aunque aún no hay datos oficiales del INE, parece que seguimos aguantando y estará entre los más elevados de la Unión Europea. Respecto al desempleo, tampoco ha aumentado tanto como pensaba, de hecho, se va a mantener algo por encima del 14% de forma similar al año 2018. De modo que, se puede afirmar que estamos sobrellevando relativamente bien la desaceleración económica, pero ¿por dónde pueden venir los problemas? Pues además de la desaceleración económica de nuestros vecinos y la falta absoluta de reformas que se han realizado en España cuando hemos podido, lo más peligroso será, sin duda, la gestión que hagan de nosotros el gobierno de coalición PSOE-Podemos.
Esta gestión se puede ir viendo en el documento de Pacto «antiprogresista», porque eso no tiene nada de avanzado ni moderno, que han firmado ambos partidos políticos. En principio es un documento genérico de intenciones donde se concreta muy poco sobre medidas y su financiación. Si fuera mal pensada diría que es un papel sin mucha chicha para contentar a sus votantes, que supongo se lo creerán. Puede resultar preocupante la parte de la derogación de la reforma laboral de 2012, algo que dicen textualmente, aunque luego si se lee la letra pequeña parece que tampoco van a derogarla sino a realizar varias reformas parciales de temas como el despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, extensión temporal de los convenios colectivos hasta nuevos acuerdos, o la posibilidad de modificación unilateral por parte de la empresa de las condiciones de contrato; todas ellas cuestiones bastante menores en general. También afirman que se subirá el salario mínimo interprofesional, un error que dependiendo de la nueva subida afectará masivamente a los trabajadores menos cualificados y las pymes.
La parte dedicada a la fiscalidad resulta más preocupante por la creación de nuevos impuestos, ya que los que modifican no parece que pueda tener un gran efecto pernicioso en la creación de empleo. De hecho, se dice que la tributación mínima de grandes empresas será del 15%, algo que no afectará demasiado, ya que, en media están en torno a esa cifra, y que se reducirán en un 5% las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades; mientras que las pymes siguen tributando prácticamente como siempre. Igualmente, anuncian el incremento de 2 puntos en los tipos impositivos para rentas superiores a 130.000 euros y 4 para la parte que exceda de 300.000 euros, bastante confiscatorio pero que afectará a un número reducido de trabajadores, eso sí, a los más cualificados. Ahora bien, la retahíla de nuevos impuestos sí que puede contribuir a que en nuestro país no se implanten empresas tecnológicas, van a aprobar impuestos sobre servicios digitales, sobre las transacciones financieras, y para el medio ambiente. Todos ellos, obviamente, los vamos a pagar los consumidores.
Pues si el documento no parece tan malo como era de esperar para nuestra economía ¿por qué ser pesimista? Pues por la creación de bastantes chiringuitos (aquí incluyo nuevos ministerios), ya anunciados algunos en dicho documento, para contentar a los fieles lacayos de ambos partidos políticos y que vamos a tener que pagar, por la falta de control en el déficit público que va a haber y que más tarde o más temprano nos llevará a una crisis de deuda, y, sobre todo, porque las concesiones económicas a catalanes y vascos aquí no se mencionan pero sin duda merecerán capítulo a parte y llevarnos las manos a la cabeza.
* Profesora de Economía Financiera. Universidad de Córdoba
