Tradicionalmente, el primer mes de cada año, al que acabamos de pasar página en el calendario, era conocido en España como el de la «cuesta de enero». A la vorágine consumista de las fiestas navideñas se sumaba una suerte de perversa confabulación al alza de los precios que dejaba un doloroso rastro en las economías domésticas. El panorama ha cambiado tras la sacudida de la gran recesión y para muchas familias aquella cuesta inicial se ha extendido a casi todos los meses del año. Frente a la cierta contención en los precios con la que se entró en el 2016 (año cargado de elecciones que diseñaron la política económica del Gobierno), enero del 2017 se ha cerrado con grandes sobresaltos en el coste de servicios domésticos esenciales, especialmente en la luz o el gas natural, cuyo consumo se ha disparado lógicamente arrastrado por las bajas temperaturas invernales. Y es que, la subida de la luz y de los carburantes ha elevado la inflación nada menos que al 3 % en enero, respecto a un año antes, marcando así la mayor tasa desde finales de 2012, un alza que el Gobierno apunta que se moderará en unos meses. Expertos del IEE prevén también que la energía siga tirando del IPC al alza, con fuertes subidas que irán disminuyendo a lo largo del año, de forma que la inflación cierre 2017 cerca del 1,5 %, por encima de sus previsiones iniciales.

El pactado aumento del salario mínimo interprofesional para este 2017 ha venido acompañado de una dura contrapartida: la actualización de las pensiones en un 0,25% -unos tres euros al mes de media- ha supuesto ya, por el aumento de la inflación en el mes de enero, un duro palo en la paga de los pensionistas, que ahora cruzan los dedos para que se cumplan las previsiones más optimistas de una bajada de precios. Por otro lado, ayer, todos los partidos políticos, a excepción del PP y de Ciudadanos, apoyaron una renta mínima que «rescate a las personas» que no tienen empleo ni recursos y que busquen trabajo, ya que las formaciones han coincidido en que es de «justicia social». La propuesta abrobada en el Congreso de los Diputados contempla una prestación mínima de 426 euros para las familias sin recursos o en situación de exclusión social y que proviene de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de los sindicatos, UGT y CCOO.

No hay duda de que la crisis y su desigual salida ha erosionado gravemente el poder adquisitivo de los salarios, situación más dolorosa si cabe cuando crece el beneficio empresarial. Las macrocifras predicen signos positivos, pero los datos sociales siguen mostrando una realidad de más pobreza y desigualdad. El año en curso está siendo una prueba de fuego para la economía española, que deberá demostrar que las reformas de las que presume el Gobierno empiezan a notarse en el monedero del ciudadano o, por el contrario, han sido parches que no dejarán de pasar factura.