Estamos viviendo en España, al igual que en otros países, un proceso de descristianización y de deterioro moral en la vida personal, familiar, política y social, marcado por ideologías secularizadas que los apartan de los valores trascendentes de los que antes se nutrían, y que en aras de un laicismo posmoderno tratan de impedir cualquier influjo religioso en la sociedad.

De aquí que en la España actual se estén repitiendo situaciones discriminatorias de intolerancia, menosprecio y ataque directo a la Iglesia Católica, que ofenden las creencias y sentimientos de una mayoría de españoles, y quebrantan el derecho a la libertad religiosa.

Las legislaciones de los países occidentales reconocen la libertad religiosa como un derecho fundamental de la persona, contemplado en sus respectivas constituciones. En España la legislación referente a la tutela de este derecho esta convenientemente recogida en nuestra Constitución, y del que el Estado es garante.

Somos conscientes de que es necesaria una regeneración democrática, cuyo punto de partida sea la apertura al bien común, que se realiza cuando el Estado de Derecho reconoce y asegura los derechos de todos los ciudadanos, incluido el anteriormente citado; así como los que emanan de la aconfesionalidad del Estado, también ampliamente recogido en la Constitución.

Por todo ello, le deseo al nuevo Gobierno acierto y eficacia a la hora de tomar decisiones que garanticen y respeten los valores, convicciones y creencias religiosas de una sociedad plural, pero que mayoritariamente se confiesa católica.