La próxima celebración de las elecciones municipales no significa que el Ayuntamiento de Córdoba se quede inactivo y deje de tomar decisiones. Pero hay algunas que, si no han madurado lo suficiente y no han salido adelante pese a iniciarse el debate sobre las mismas hace dos años, se ven abocadas a esperar que una nueva Corporación Municipal tome los acuerdos. Uno de estos supuestos es el que se refiere a la implantación, o no, de la tasa turística, una aportación que aplican ya otras ciudades en España y en el mundo y que cobra una pequeña cantidad por viajero alojado y noche. Por ejemplo, en Barcelona, según el tipo de alojamiento, se abona entre 0,45 y 2,25 euros por noche. En Cataluña este impuesto está regulado por la comunidad autónoma, igual que en las Islas Baleares, pero en Andalucía esa regulación no existe, y desde la Junta ya se ha advertido de que no hay intención de habilitarla. En las capitales turísticas europeas se aplica, en algunos casos con altas tasas como en Roma (de los 2 euros/noche en un cámping hasta 7 euros en los hoteles de lujo), en otras, como Praga, es de 0.50 euros/noche.

La idea es que los visitantes contribuyan con este suplemento al presupuesto que las ciudades necesitan para mantener los servicios que prestan y el cuidado del entorno urbano. En principio, no es mala, pero los empresarios, en buena lógica, se oponen, porque encarece sus costes. Habría que analizar exactamente su repercusión y ponderarla en el conjunto del sector y a lo largo de todo el año, pues poco alteraría la factura una tasa de un euro, por ejemplo, en este mayo en el que los fines de semana hay muchos hoteles con unos precios por habitación desorbitados. También debería corresponderse con una buena regulación de los alojamientos, para aflorar los que operan sin licencia, pues si no está controlada la actividad de los apartamentos y viviendas turísticas de la ciudad, es evidente que solo se cobraría de manera efectiva esta tasa en los hoteles, acentuando una situación de competencia desleal que ya existe, y cuya erradicación debería ser prioritaria para las administraciones.

En la reciente reunión del consejo consultivo del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) el voto de las organizaciones empresariales ha echado para atrás el acuerdo en el que se iba a «aconsejar» al Ayuntamiento la implantación de la tasa turística. El informe favorable a la misma está respaldado por el propio Imtur, por la Universidad de Córdoba --según se deduce del informe que ha elaborado al respecto-- y por la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara. No asistieron a la reunión ni los sindicatos, ni cooperativas, ni artesanos, ni UCO ni consumidores. El asunto queda aparcado, salvo que se decida convocar un Pleno extraordinario para abordarlo. Pero no parece aconsejable, al final ya del mandato, forzar un acuerdo que no cuenta con el suficiente consenso.