No parece mucho pedir, ¿verdad?, que el Ministerio de Fomento, junto con Renfe y Adif, den una respuesta a Córdoba sobre el cercanías. Especialmente una vez que el portavoz municipal popular, José María Bellido, haya avanzado, tras un encuentro con el ministro Íñigo de la Serna en la reciente convención del PP en Sevilla, que el convenio se firmaría este mes. Parece extraño que se ofrezca una fecha tan ajustada cuando nadie ha respondido a los escritos remitidos por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a las instancias citadas. Y es extraño no solo por las formas empleadas al transmitir la noticia (es la segunda vez que el partido de la oposición adelanta una información que desconoce el gobierno local sobre este asunto), sino porque visto que deberá mediar negociación antes de suscribir ningún acuerdo, no cuadra que este pueda firmarse en tan breve plazo sin diálogo entre las partes. Parece, como mínimo, una falta de respeto que no tiene justificación por más pugna política que pueda haber entre el PP y el gobierno municipal de PSOE-IU, pues al no dar respuesta a la alcaldesa se está negando no solo la cortesía institucional, sino la información a la propia ciudad de Córdoba, a la que ella representa.

Aunque pueda tener razón si se hace una mirada retrospectiva al rechazo inicial de Ambrosio al «metrotrén», en esta ocasión no vale el comentario de Bellido calificando de «curioso» que la alcaldesa «se quiera subir ahora al proyecto». El proyecto está ahí, hay coincidencia en que interesa a la ciudad, y es necesario que se celebre la reclamada reunión entre Administración central, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, movimiento ciudadano y Universidad para fijar condiciones, horarios y tarifas. Igualmente, hay que discutir sobre las dos nuevas estaciones que se reclaman para Parque Joyero y Levante, y nada de esto puede hacerse si el silencio es la respuesta que reciben los intentos de la primera edil para recibir información y concertar reuniones de trabajo. Si esto es, claro está, tal y como aseguró ayer Ambrosio, y desde el gobierno local se han hecho varios intentos para abordar el tema.

Tal y como parecen planteadas las cosas, se diría que desde el Gobierno nadie se siente obligado a dar una explicación a Córdoba, una capital harta de dilaciones, que ha sufrido en múltiples ocasiones la inoperancia de sus propios regidores acrecentada por los incumplimientos de las otras administraciones y por la escasa inversión recibida. En este caso, sea cual sea la respuesta y se tomen las decisiones que se tomen, hay que informar a la ciudad y a su Ayuntamiento. Lo contrario es una falta de respeto y un desprecio a la importancia de la ciudad. Ya sabemos que los proyectos aquí se alargan, pero resulta ofensivo que, además, se mareen.