Lo ocurrido en el último Pleno municipal muestra señales de incapacidad e improvisación alarmantes en un gobierno que no tiene reparo alguno en levantar el informe desfavorable de la Intervención General para el inicio de la contratación de 16 proyectos pertenecientes al plan de obras en barrios --anunciado ya hace demasiados meses-- y aprobar otro de 11,7 millones de euros sin el aval preceptivo del órgano de fiscalización. Y lo hizo solo con el apoyo del grupo político que sustenta al gobierno, Ganemos.

La Intervención alerta de que no se puede gastar lo que no se tiene, es decir «si el crédito presupuestario existe está disponible y si no lo está es porque aún no existe». Este es el problema, el Ayuntamiento no podrá contar con fondos hasta que firme en septiembre el convenio de 2,5 millones de euros con el Gobierno de España recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 ni tampoco pretender financiar dichas actuaciones con préstamos previstos que a día de hoy todavía no ha firmado.

Por otra parte, y con los mismos votos a favor, y en contra PP, C’s y UCOR, salió adelante sin informe preceptivo de Intervención o el órgano de tutela de la Junta de Andalucía, el plan de Inversiones Financieramente Sostenibles por una cuantía de 11,7 millones de euros y que se ejecuta con cargo al remanente de tesorería del presupuesto de 2016. Este plan, que desconocían PP, C’s y UCOR hasta el mismo viernes a las 14 horas, incluye seis actuaciones de las que dos cuentan con informes favorables correspondientes a Sadeco para compra de maquinaria y complejo medioambiental, otras tres requieren cumplimentación de información y la última plantea adquirir 20 autobuses por valor de 7,1 millones de euros. Un bodrio de expediente si tenemos en cuenta que fueron retirados 12 proyectos más por incumplir los requisitos.

En esta última operación no existe informe definitivo de Intervención General porque ya informó sobre la misma desautorizándola al considerar que la documentación no recogía la necesaria justificación del desembolso y la incoherencia de las actuaciones, ya que en la propuesta se consideraba imprescindible la construcción de una planta de gas natural comprimido cuyo coste no aparecía y sin la cual no es posible la puesta en funcionamiento de los autobuses.

Aucorsa montó una nueva memoria justificativa firmada por la alcaldesa que llegó a Intervención el viernes 28 para dictaminar el Pleno del lunes 31 de julio. Dada la exigencia y premura del gobierno, el órgano fiscalizador comunicó que «resulta del todo imposible proceder a su informe y análisis en el plazo de tres horas, exigencia que supera cualquier diligencia exigible en el desempeño del puesto».

Además, el órgano de Planificación Económico-Presupuestaria del Ayuntamiento consideraba que debería retrasarse a la presentación al Pleno la modificación de créditos hasta tanto no se contase con informe favorable del órgano de tutela de la Junta de Andalucía.

Esperar al informe favorable no fue la decisión mayoritaria del Pleno a pesar de los informes técnicos. La improvisación vuelve a revelar las prisas irresponsables de un gobierno incapaz de planificar y gestionar con el más mínimo criterio y coordinación. ¿Y quién ha sido la responsable de no haber sacado adelante en tiempo y forma proyectos, obras y autobuses que la ciudad necesita con urgencia y por consenso? El fin no puede justificar los medios en estos dos ejemplos de desgobierno con indicios de nulidad. Lo que sí está claro es quién pagará tanto error: la ciudad.

* Viceportavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Córdoba