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HISTORIA E HISTORIADORES DE ANDALUCÍA

Conversaciones después de un tiempo de crisis (2)

El autor reflexiona sobre la identidad política de Andalucía en el marco del 4-D, cuando en 1979 salieron a las calles miles de andaluces reivindicando una autonomía de primer nivel

 

Aspecto de la manifestación del $-D de 1979 en Córdoba. - RICARDO

Juan Ruiz Valle Juan Ruiz Valle
04/12/2020

Teófora:

Ya se empieza otra vez a hablar del 4-D (4 de diciembre de 1977). Ahora toca hablar de nuevo de otra  conmemoración, como  lo fueron en su momento la promulgación de la Constitución de 1812 en Cádiz o la formación  de la Junta Suprema de 1835 en Andújar; y también toca hablar de aquellos prohombres que promovieron conceptos como los de “igualdad, justicia y autonomía” en Andalucía, entre los que sobrevuela el nombre de Blas Infante.

También quizás se nos quiera recordar que “hasta hace poco” se pensaba que el análisis del tiempo presente, del pasado reciente -planteada esta idea por la influencia de la Escuela historiográfica de los Anales- estaba fuera de los objetivos de los historiadores.

“Está presente la necesidad del distanciamiento para analizar con `objetividad´ un determinado periodo histórico”. Y esa “historia del presente” la están haciendo politólogos, economistas, sociólogos, antropólogos o periodistas.

Se defienden diversas razones para justificar esta opinión: la falta de fuentes documentales; la inaccesibilidad de parte de la documentación institucional que requiere una determinada antigüedad para poder ser libremente consultada por  los investigadores; la falta de “objetividad” y el carácter sesgado de determinadas fuentes hemerográficas o la poca precisión de las indagaciones basadas en la historia oral.

Y, mientras, estos científicos sociales aportan una serie de visiones respecto del proceso de Transición de la Dictadura del general Franco a la  actual Democracia en España, considerándola “como un fenómeno de carácter exclusivamente político, definido por la transformación de las estructuras políticas del Franquismo en otras de carácter `democrático´, mediante la utilización de la propia legalidad franquista”; o, “como resultado de las transformaciones económicas y sociales habidas en España durante el periodo `desarrollista´ posterior al Plan de Estabilización de 1959, que requerían ineludiblemente un sistema democrático para poder seguir compitiendo con los países de nuestro entorno”(Gómez Oliver).

Teófora, a algunos  “historiadores del presente o del pasado más cercano”, aún reconociendo el rigor de  estas conceptualizaciones, les parece insuficiente e incompleta esta perspectiva política.

Insuficiente, en cuanto que el proceso de democratización no concluye con la aprobación de la Constitución de 1978 y el desarrollo autonómico (que es lo que nos ocupará en las siguientes líneas) tanto de las “nacionalidades históricas” como del resto de las comunidades en que se estructuró territorial y administrativamente el  Estado, solo tuvo lugar tras las elecciones generales a Cortes y elecciones Municipales de marzo y abril de 1979 respectivamente.

Incompleta, en cuanto no explica los comportamientos sociales ni los protagonistas colectivos de la sociedad española, y en nuestro caso la andaluza; y tampoco las contradicciones, resistencias y obstáculos que encontró la balbuciente democracia en sus comienzos.

Estos además afirman que “la historia no se repite pero parece como si quisiera llevarnos la contraria” (González de Molina, Soto y  Herrera). Y el 4-D  se incardina en los movimientos sociales de los “momentos de democracia formal”, que habían ocurrido, por ejemplo,  en la época de las “agitaciones campesinas” andaluzas, que no fueron “premodernas” y se diferenciaron poco de las de Europa de aquellas fechas (Linarejos, Thomson y Jaén).

O también que lo que ocurrió en esta fecha emblemática de la historia de Andalucía se asemeja a otras movilizaciones sociales (Markoff) y episodios históricos de “institucionalización del conflicto”, y que se había dicho que eran un logro modernizador tanto de las ciudades como del mundo rural, frente al enfrentamiento y la movilización violenta.

Además, las manifestaciones multitudinarias que se produjeron en las capitales de las provincias y en algunas grandes ciudades andaluzas -en aquel domingo cercano al solsticio de invierno-, y que culminaron con el 28-F (de 1980) significaron la reivindicación de la “existencia política real o aparente” de Andalucía, y alteraron  el modelo de articulación territorial  diseñado en la Constitución de 1978.

Una articulación asimétrica de autonomías -producto de una interpretación plurinacional del Estado- en primera y segunda categoría en lo que a competencias autonómicas se refiere (artículos 151 y 143 de la Constitución de 1978), en la cual si a Andalucía se la reconoció entre las primeras no fue como fruto de pactos entre las élites, sino de una movilización popular.

Esa Identidad política, como la  democracia, dicen determinados historiadores “no se concede (como si fuese una Carta otorgada no constitucional), se conquista, se construye” (Eley); y en el caso andaluz  no se sustentó solo en rasgos culturales, por mucho que estos existan y sean “marcadores de identidad” muy fuertes en Andalucía -carácter, lengua, tierra, orientalismo, flamenco y música popular, fiestas populares, religiosidad popular, clima y naturaleza mediterráneos, paisaje urbano y tradición- (Garrido).

Actualmente, se entiende que la defensa de la Identidad andaluza que emergió en la Transición, y que apareció como mayoritaria en las encuestas de opinión (Del Pino y  Bericat) -aunque reflejan la situación cambiante y a veces ambigua en que se encuentran los sistemas de valores y creencias andaluces- permanece casi inalterable todavía en la Andalucía de este primer tercio del siglo XXI.

Y asimismo, que la reivindicación de su autonomía política no era una  resultante automática de la existencia de rasgos “étnicos” diferenciadores, sino de la “marginación social y económica” en un modelo de Estado español mayoritario en la España contemporánea.

Pero, Teófora, aproximadamente cuarenta años después de aquella efeméride se puede afirmar que en términos de PIB la participación de Andalucía en el conjunto nacional no llega al 15%, su entidad territorial y su población está en torno al 17%, y, aunque forma parte Andalucía de las economías desarrolladas, está desestructurada, ocupando un lugar subalterno en el conjunto español y europeo.

Además, las consecuencias de la crisis de 2008 y de la caída de la demanda supusieron que entre 2007 y 2013 la base empresarial se resintiese notablemente, desapareciendo unas 50.000 empresas (Algarín).

Y el porcentaje de población en riesgo de exclusión se disparó en 2017 al 43,2 frente al 28,6 de media nacional (Índice Arope). Con un crecimiento de 2,5 de la economía andaluza, dos décimas menos que en España, y una tasa de desempleo aproximada del 26% sobre la población activa, unos diez puntos menos que en el país; y el nivel de pobreza o desigualdad (se fija en 9.000 euros per capita) se ha incrementado- especialmente en jóvenes, migrantes y mujeres- desde el 31´6, en 2008 cuando comenzó la crisis, hasta 43´2 en 2015(Índice Gini).

En fin, Teófora, no desesperes preguntándote qué hacemos aquí; qué es lo que hacemos, me preguntas; qué es lo que nos preocupa y nos ocupa; adónde estamos mirando; con qué menudencias sin valor nos distraemos; “hasta puede que se haya procurado embaucarnos con promesas incumplidas”, dices: ¡Somos un pueblo demasiado grande para poder improvisarse! (Gala).

Me comentas que la “recuperación” de un discurso en “clave andaluza” -otra vez, como unos Sísifo cualesquiera, aquel personaje mitológico que subía y subía una piedra y la misma descendía una y otra vez más por una pendiente-, democrático en forma radical, con fórmulas de igualdad, es esencial para el futuro de Andalucía( Ruiz Valle).

También, insistes, que este discurso mencionado ofrece un marco conceptual desde el que entender la construcción de soluciones equitativas a la cuestión territorial en España. Y, sobre todo, que es el “Andalucía como la que más”, el instrumento para, desde ahí,  avanzar en un modelo de solidaridad territorial nacional, europea y universal.

* Profesor e historiador              

 

 

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