Con la constitución de la nueva Corporación provincial y la reelección de Antonio Ruiz Cruz para la Presidencia de la Diputación se avanza otro paso en la ansiada normalidad institucional tras los largos meses de tensión electoral y reiteradas citas con las urnas de la pasada primavera. Tras la formación de los ayuntamientos surgidos del 26-M, el inicio del mandato en la Diputación abre un nuevo ciclo en el que al menos la política local y andaluza podrán desarrollarse con margen para llevar a cabo proyectos, a la espera de que se aclare el panorama nacional. Incluso si la situación se agravara y se convocaran otras elecciones generales, ha de ser posible que los municipios lleven su propio ritmo de trabajo con un objetivo de eficiencia. Los administrados así lo demandan. Es la política más cercana, y, en el caso de la Diputación de Córdoba, la que ha de justificar su propia utilidad al servicio de los ciudadanos, con especial atención a los pequeños municipios, a los que debe atender tanto en inversiones como en redacción de proyectos, comunicaciones y diseño de una red provincial en la que la distancia o el tamaño no sean causa de discriminación o de falta de oportunidades para la población.
El socialista Antonio Ruiz repite, con lo que, como él mismo ha señalado en su toma de posesión, podrá avanzar en proyectos ya iniciados durante el anterior mandato. Vuelve a formar gobierno de coalición con Izquierda Unida, que ha sumado dos diputados, de manera que ganará peso en el gobierno provincial. Los once diputados socialistas y los cinco de IU se marcan el reto de combatir la despoblación rural, para lo que es necesario seguir dotando a los pueblos de infraestructuras y herramientas similares a las de las ciudades, con prioridad para las conexiones a internet. La creación de empleo, en la que también puso el acento la portavoz del PP, María Luisa Ceballos, es la clave para fijar a la población y combatir ese fantasma de la «España vaciada» que, de forma menos trágica que en otros puntos del territorio nacional, es una amenaza para nuestra provincia. Conseguir que los grandes núcleos de población de la provincia irradien su influencia hacia los pequeños pueblos de sus respectivas comarcas e impulsar la actividad empresarial contribuiría a estos objetivos. La Diputación tiene recursos para ello. En este 2019 su presupuesto consolidado (incluyendo a las empresas públicas) supera los 282 millones de euros, con previsión de inversiones de 43 millones. Antonio Ruiz destacó que se ha duplicado el presupuesto destinado a los planes provinciales, y en esa línea de cooperación con los ayuntamientos debe continuar la acción política de los próximos años. Frente a los que consideran poco útiles las diputaciones, frente a los que critican su comodidad presupuestaria y el difícil control de sus acciones, la nueva Corporación provincial debe demostrar que es capaz de ser un elemento de cohesión para la provincia de Córdoba, lo que exige objetivos definidos, trato justo por encima de las siglas políticas, servicio a los ciudadanos y transparencia en la gestión. No son pocos los desafíos.
