Hoy, tras un largo periodo de pugna verbal, los trenes llamados a protagonizar el choque institucional entre las instituciones del Estado y la Generalitat de Cataluña partirán de sus estaciones en sentido contrario. Hoy está previsto que, tras retrasar la tramitación de la ley del referéndum y de las leyes de desconexión en la mesa del Parlamento de Cataluña para evitar su suspensión, la mayoría independentista apruebe el primer texto y tal vez el segundo. A continuación, la ley del referéndum se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat, y después el Gobierno catalán en pleno firmará el decreto por el cual se convoca formalmente la consulta. Cataluña y el resto de España entrarán en aguas políticas y legales desconocidas.

Si el guión en el Parlamento catalán está más o menos escrito, el primer paso de las instituciones del Estado, también: la impugnación por parte del Gobierno de los textos ante el Tribunal Constitucional (TC) --que estará reunido-- y la suspensión automática que se produce siempre que el Estado recurre iniciativas de las comunidades autónomas. Dado que el Gobierno catalán ha anunciado su intención de no hacer caso al Constitucional, habrá que ver qué mecanismos activa el Estado para que la Generalitat cumpla la decisión del Alto Tribunal. Inhabilitaciones y sanciones están encima de la mesa.

El enfrentamiento, pues, está servido. Ayer la respuesta del Estado al desafío secesionista se acentuó a través del Tribunal de Cuentas, que citó para el 25 de septiembre al expresidente Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y media docena de altos cargos políticos y técnicos que participaron en la autorización de los gastos de la consulta ilegal del 9 de noviembre del 2014, para comunicarles que tendrán que afrontar los gastos de la citada consulta. La instructora de las actuaciones previas determinará la cuantía que cada uno debe afrontar como fianza para responder de una eventual condena. Si no cumplen en plazo, el Tribunal acordará el embargo de sus bienes. La cifra presuntamente gastada en el 9-N superó los cinco millones de euros. La decisión fue recibida con gran indignación por el presidente catalán, Carles Puigdemont, que acusó al Estado de fomentar el miedo y de tomar decisiones antidemocráticas. Dicho por el presidente que se dispone a convocar un referéndum ilegal.

«Democracia» es una de las palabras que desde las trincheras del secesionismo catalán más se utilizan como arma arrojadiza. El día en que el choque institucional tomará cuerpo, cabe recordar, de nuevo, que es cierto que votar es un acto básico en democracia, pero que, sin ningún tipo de dudas, no hay democracia fuera de la ley.