La demanda de que los trámites administrativos se simplifiquen es, desde hace décadas, un mensaje recurrente de las organizaciones empresariales a los representantes de las instituciones. En todos los programas electorales figura, y en todos los anuncios de los gobernantes, tanto de los ayuntamientos como de la Junta de Andalucía o del Gobierno. Pero no debe ser fácil llevar a cabo ese objetivo --que debe combinarse con el necesario control del cumplimiento de las normas--, porque año tras año se repite la misma queja. El nuevo Gobierno de la Junta se ha propuesto eliminar trabas y agilizar los trámites administrativos a las empresas. Hace apenas unas semanas, se difundió desde el Gobierno PP-Ciudadanos la noticia de que había miles de expedientes por resolver y que habían reforzado varios departamentos para llevarlo a cabo. Como señaló ayer en Córdoba el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ya no es cuestión de reducir los plazos, sino de cumplirlos. La voluntad del Ejecutivo andaluz es que en septiembre ya empiece a notarse esa agilización, que en temas urbanísticos requerirá acuerdos con los ayuntamientos. Bienvenida la intención y bienvenidas las acciones para alcanzar ese objetivo. Bravo hizo este anuncio ante destacados empresarios cordobeses y la CECO en una reunión mantenida ayer en la sede de Cajasur. Esta promesa directa da más valor a un compromiso cuyo cumplimiento debe ser exigido.