Cuando llegaron los llamados partidos emergentes para hacer oposición a los tradicionales, justificaban su nacimiento, entre otras cosas, para luchar contra la corrupción y enarbolaban la bandera del código ético de partido. Y hasta hace poco tiempo, se pedían dimisiones y se produjeron ceses por los plagios en tesis, por audios de engaños y mentiras, y por videos de hurtos de cremas. Pero parece que esa etapa de depuración de responsabilidades que tanto exigió la ultraizquierda Unidas Podemos a los demás mostrando músculo de su ética, no lo tiene ni se exige en el Gobierno actual del que forma parte.
Han sido numerosas las mentiras y engaños del trilero Sánchez reflejadas en las hemerotecas que circulan por los medios, y muy cuestionables sus actuaciones, pero solo me voy a referir a tres circunstancias inaceptables y merecedoras de dimisiones y/o ceses inmediatos. La primera, la continua actuación grotesca, chulesca y crispante del vicepresidente Iglesias, alentando escraches, señalando sus objetivos e incitando indirectamente a la insubordinación de fuerzas y cuerpos de seguridad cuando acusa a Vox de querer dar un golpe de estado, avivando la crispación diciéndole que no se atreve. Inadmisible por parte de quien forma parte del Gobierno.
La segunda, cuando se confirma en prensa que el Ministerio del Interior admite la veracidad de un documento interno de carácter reservado, de fecha 24 de mayo, donde se informa de que el cese del coronel Pérez de los Cobos se produjo por una «pérdida de confianza» por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil». Sin embargo, el ministro Grande-Marlaska aseveró en el Senado que la salida del mando se debió únicamente a una reestructuración interna y negó que nadie de su equipo se interesase por los datos del informe que agentes de esa Comandancia habían enviado a la juez que investiga la marcha del 8-M. Injerencia en el poder judicial por parte del ejecutivo cuestionando la independencia del poder judicial y la separación de poderes. Insostenible por un ministro, anteriormente magistrado de la Audiencia Nacional.
Y tercera, el video de la ministra de Igualdad, Montero, en la que en relación precisamente con el 8-M reconoce abiertamente la existencia del coronavirus en esa fecha, pero que en la entrevista que va a dar no lo puede decir por prudencia ante la comunicación que está dando el Gobierno de salud pública de si tienes síntomas no te muevas mucho, no dar besos, no dar la mano... y al no haber cumplido con ello se jacta decir que «le cierran el Ministerio». Manifestaciones indefendibles cuando estaba en peligro la vida y salud de las personas, y ya nadie niega que dicha manifestación, como otras concentraciones, elevaron las cifras de contagiados y fallecidos.
Estos hechos y actuaciones denotan omisión, imprevisión, falta de diligencia y negligencia, que en un cargo público ha de conllevar necesariamente la dimisión o el cese inmediato.
* Abogada
