Dice Mariano Rajoy que los certificados de credibilidad los reparten los ciudadanos. Pero lo que no dice es que, cuando lo hacemos, los otorgamos con fecha de caducidad. A veces ocurre incluso que pocos meses después de haber introducido la papeleta electoral --cédula fedataria de nuestra confianza-- en la urna, los ciudadanos ya estamos arrepentidos de la decisión tomada. Hoy en día es difícil, por no decir imposible, encontrarse un partido político que cumpla con su programa electoral. Aunque sea mínimamente. Las huelgas y protestas que perlan por doquier son corolario de estos incumplimientos. Desde las pasadas elecciones generales de 2016, están ocurriendo asuntos muy graves en España. No creo que haga falta enumerarlos. Pero sí pronunciarse en el sentido de que las respuestas que se dan desde Moncloa y el Congreso para paliar estos problemas -algunos de Estado- son del todo ineficaces. Por no decir improvisadas. Ante todo lo dicho, es de obligada necesidad la celebración de unas nuevas elecciones generales. Las urnas dirán qué políticos merecen o no renovar el «certificado de credibilidad».
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