En los últimos años han tenido lugar debates académicos acerca de la relación entre historia y memoria, y no solo en España, pues en otros países esta cuestión ya estaba presente en el ámbito historiográfico desde comienzos del siglo XX. Aquí la circunscribimos al movimiento que desde finales del siglo pasado puso como eje de su actuación la recuperación de la memoria histórica, con el objetivo de sacar del olvido a las víctimas de los sublevados durante la guerra civil y a las de la dictadura. La historiografía nunca dejó de ocuparse de esa etapa de nuestro pasado, y desde luego ha asimilado el esfuerzo realizado por los movimientos memorialistas, si bien desde estos aun parece existir cierta prevención hacia los historiadores, dicho esto en términos generales, con sus excepciones, y a sabiendas de que es un tema controvertido. Pero la realidad es que hoy día conviven las memorias individuales (orales o escritas), la memoria histórica (o también social o colectiva, a pesar de las particularidades de cada uno de los conceptos) y la historia, como disciplina que sin duda alguna debe estar en la base de todo trabajo de investigación sobre la memoria.

No estamos aquí en una publicación académica y por consiguiente no procede citar los estudios que en España, y fuera de ella, se han llevado a cabo sobre este tema. En nuestro país las políticas de memoria han tenido un importante desarrollo, al menos desde la aprobación de la denominada Ley de Memoria Histórica en 2007, y también en Andalucía se han puesto en marcha políticas muy activas, que culminaron con la ley aprobada en 2017. Sin entrar en detalle en el contenido de la normativa legal, podemos afirmar que la misma no se plantea como una revancha ni como una venganza, sino que pretende la restitución, sacar del olvido a quienes sufrieron la represión y poner coto a la presencia de simbología franquista o a la exaltación de personas vinculadas a la dictadura. Ahora bien, no cabe confundir esa política con la damnatio memoriae que se aplicó en Roma a algunos emperadores para que cayeran en el olvido, ni tampoco con decisiones como las de la etapa estalinista en la Unión Soviética, cuando se pretendió que desaparecieran de su historia (y de sus fotografías) protagonistas de primera fila de la revolución, entre los que podemos citar el caso significativo de Trotski.

Esa lamentable confusión es la que, a mi entender, ha tenido lugar en Lucena con la polémica sobre la portada de la agenda escolar. Porque no se ha puesto en cuestión si la fotografía es la adecuada para una agenda de uso escolar desde un punto de vista estético o representativo, sino que el gran error estaba en que aparecía Franco, junto a los demás jefes de Estado del siglo XX. Ojeo mis los libros y observo que muchos trabajos de investigación llevan en su cubierta imágenes de Franco, de los sublevados, de su simbología, a pesar de que los autores no son ni mucho menos sospechosos de ser simpatizantes del franquismo. En la actitud de quienes han puesto el grito en el cielo veo la imagen de la censura, que ignoro si pretenderán ampliarla a los libros de texto, donde por cierto también aparecen Hitler, Mussolini y Stalin, ¿qué hacemos con ellos? Y por último, me ha sorprendido la rápida intervención de la Consejería de Educación, porque no es tan diligente cuando se trata, por ejemplo, de hacer que desaparezca de un colegio público el nombre de una persona que presidió la comisión de depuración de los maestros, que fue alcalde de Cabra durante la guerra y que manifestó por escrito sus simpatías hacia el régimen nazi. Y no puedo acabar sin expresar mi apoyo a la concejala delegada de Educación, Encarnación Camacho, porque compartí centro de trabajo con ella durante nueve años y conozco sus convicciones democráticas.

* Historiador