El Estado de Derecho se asienta sobre una innegable división de poderes y ponerlo en entredicho o simplemente criticarlo, cuando además se tiene la más alta responsabilidad de uno de esos poderes, es iniciar un camino sin retorno de aniquilación de las pocas cosas seguras que nos quedan: que quienes gobiernan, quienes legislan y quienes imparten justicia deben ser y ejercer sus funciones con total independencia.

Las sentencias que se dictan por nuestros tribunales tras la celebración de un juicio con todas las garantías pueden o no gustarnos, pero es muy peligroso el juicio paralelo que cada vez con más frecuencia se celebra en los medios de comunicación y en los bares de este país.

Nadie opinaría sobre las últimas técnicas revolucionarias de la cirugía cardiovascular, pero todos se sienten preparados para debatir y hasta para imponer su criterio si el tema es sobre tipos penales, antijuricidad y penologia. ¡Cuántos periodistas y tertulianos en los platós de cualquier medio que saben de todo esto más que nadie!

Cuando una sentencia se dicta, el fallo de la misma debe estar fundado en derecho, es decir en esas normas y leyes que emanan con absoluta independencia del poder legislativo. Otra cosa es que no nos gusten, nos parezcan injustas o que sea evidente que deban ser modificadas, pero con serenidad, con conocimiento y reflexión y sobre la base de un debate profesional y fundado. Las normas no pueden improvisarse a golpe de caso mediático porque entonces convertiremos nuestra legislación en un pastiche infumable.

Por tanto, ante una sentencia caben solo dos opciones: si la misma es fundada en derecho, o incluso sin serlo, pero no estamos conformes con ella, habrá que recurrirla por los cauces legales establecidos y dejar que el órgano superior la revise y, en su caso, la revoque.

La otra opción es que si la sentencia se dicta de manera arbitraria, es contraria a la ley y se dicta de manera injusta a sabiendas, estaremos ante la prevaricación del juez que la firma y habrá que perseguirlo y denunciarlo sin miedo, pero por supuesto dentro del cauce legal establecido.

La justicia por nuestra cuenta y contra la justicia, jamás. En «todos los trabajos se fuma», pero en el del Sr. Catalá no cabe fumarse un petardo --no se explica de otra manera-- para declararse en contra de lo que el mismo representa y confundir a Montesquieu con un tenista. Dimisión ya.

* Abogada