Los servicios franceses del antifraude consideran que la empresa automovilística Grupo PSA, propietaria de Peugeot y Citroën, de la que Tavares es el presidente del consejo de administración, ha utilizado mecanismos de trucaje en los vehículos de la gama de motores diésel para minimizar las emisiones contaminantes. El caso ya ha llegado a los tribunales.
