Escribo hoy con el convencimiento de que, durante el día que tarde este medio en publicar mis palabras y reflexiones, estas habrán quedado obsoletas o eclipsadas por la actualidad. Pero, en estos tiempos de incertidumbre en que el separatismo catalán nos está abocando a una deriva de incierto desarrollo y difícil solución, merece la pena intentar compartir con ustedes algunas reflexiones.
En primer lugar, no hay que perder de vista que el gobierno de la Generalitat se considera fuera de la legalidad tras el golpe a la democracia que los grupos separatistas dieron la semana pasada en el Parlament. No reconoce el marco constitucional, ni las resoluciones del TC y ni siquiera el Estatut ni las leyes catalanas que regulan el funcionamiento del Parlament o del Consell de Garanties. Coacciona a alcaldes y funcionarios públicos, y llama a la desobediencia civil. Ni siquiera ha publicado en el DOGC, su diario oficial, la suspensión de la ley del referéndum decretada por el TC.
Dos visiones políticas antagónicas se enfrentaron en aquella sesión del Parlament que dinamitó su propio reglamento, terminando con la aprobación de su ley de ruptura con la ausencia de varios grupos parlamentarios que no querían ser partícipes de lo que consideraban ilegal. Los diputados de toda la oposición, que representan a más catalanes que Junt pel Sí y la CUP, rechazaron en bloque los planes de la mayoría absolutista separatista para atropellar los derechos de los catalanes.
A partir de ahí, se trata de si el poder ejecutivo es capaz de detener un golpe a la democracia que se viene produciendo por la vía de los hechos consumados: no me gusta una ley, me la salto; me cita un juez, no voy; me detienen, no reconozco su autoridad, y así sucesivamente. Los grupos separatistas ya han dado el paso para intentar situar a Cataluña al margen de la ley para conseguir la celebración de su simulacro de referéndum. Y digo «simulacro» porque carece de amparo legal y de reconocimiento internacional (a este respecto, la presentación de avales como Otegi y Assange difícilmente les servirá para conseguir crédito ante los USA o la UE).
En segundo lugar, es cierto que el independentismo pierde apoyos, pero también que los que conserva se están radicalizando. Por eso, ante cualquier actuación que realice el gobierno, la fiscalía, los jueces, los cuerpos de seguridad del Estado o cualquier otra institución, en orden a garantizar y preservar la integridad del Estado español y el imperio de la ley, será crucial el apoyo de la mayoría silenciada por los líderes separatistas. De esa mayoría de catalanes que no se manifestó en la Diada, que no pone esteladas en los balcones, y que cada vez tiene menos miedo de ser señalada. Esa mayoría que apuesta por la convivencia, de manera cabal y serena.
Que no les quepa duda de que nuestras instituciones actuarán, y que contarán con el apoyo de la mayoría social y política. Y que, después de la tormenta, llegará la calma, volverá a haber espacio para la política. Y nuestra solución política para entonces, la solución que propone Ciudadanos es una moción de censura a Puigdemont con el objetivo de convocar unas elecciones autonómicas. Unas urnas con garantías, censo, colegios electorales, funcionarios públicos y papeletas. Unas urnas de verdad, en las que esa mayoría de catalanes que quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos podrá expresar que prefiere y sabe que es mejor que caminemos juntos.
* Diputado de Ciudadanos
