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Tribuna abierta

Calles, nombres y política

 

Calles, nombres y política -

Asignar el nombre a una calle nueva, o cambiar el de las actuales, siempre ha sido un acto político, en tanto que es el ayuntamiento de la ciudad el que, en uso de sus competencias, decide hacerlo.

Lo fue cuando los primeros gobiernos franquistas cambiaron los nombres de algunas calles tras la guerra civil y el comienzo de la dictadura. También lo fue cuando así lo decidieron los primeros ayuntamientos democráticos. Y lo es también ahora cuando los actuales consistorios municipales, en aplicación de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica deciden realizar un nuevo cambio en el nombre de algunas calles o plazas.

Eso está ocurriendo, con más o menos celeridad, en todos los ayuntamientos de España. Por ello, no me parece nada novedoso lo que se debate estos días en la ciudad de Córdoba en torno a los cambios en el callejero. Es un tema que, obviamente, está siendo acompañado de la lógica controversia, como es normal con cualquier cuestión de naturaleza política en la que hay posiciones distintas.

En este, al igual que en otros asuntos, y desde una actitud de civismo democrático, no hay más que acatar la legalidad. En otros temas de gran calado (como es la declaración unilateral de independencia por el secesionismo catalán) reclamamos el acatamiento de la legalidad como principio básico de toda democracia, sin menoscabo de que esa legalidad pueda ser cambiada de acuerdo con los procedimientos implícitos en ella. Lo mismo hemos de hacer con el acatamiento de las decisiones adoptadas por los ayuntamientos en interpretación de la Ley de Memoria Histórica y sus efectos en el callejero local.

Nos puede parecer más o menos oportuno, nos puede gustar más o menos sustituir el nombre de algunas calles por otros nombres que nos digan mucho o poco. Las opiniones o gustos personales sobre este asunto pueden ser libremente expresados donde y como uno quiera, y pertenecen al ámbito de lo privado.

Es en el ayuntamiento (el ámbito público) donde se dirimen estas cuestiones, y es al consistorio al que le corresponde tomar este tipo de decisiones de acuerdo con las mayorías políticas existentes. Si ahora hay una mayoría política que ha decidido aplicar la Ley de Memoria Histórica y abrir la vía de cambiar los nombres de algunas calles de nuestra ciudad, hay que respetar esa decisión, independientemente de que se esté o no de acuerdo con ella.

El Ayuntamiento de Córdoba ha encargado a una comisión de historiadores de probada solvencia un estudio biográfico de algunos personajes que son objeto de distinción en algunas de nuestras calles, pero que tienen una historia personal vinculada, en mayor o menor medida, a la guerra civil. En base a ese estudio y a otros informes adicionales, el Ayuntamiento tomará la decisión pertinente. El procedimiento es impecable y no admite reproche alguno.

Es lícito que los que no estén de acuerdo con los resultados de esa comisión se movilicen y presenten alegaciones para evitar el cambio de algunos nombres que, desde su punto de vista, son de especial significado en nuestra ciudad. Y es también lícito que la oposición política en el Ayuntamiento exprese su rechazo a una decisión que pueden considerar desacertada.

Pero lo que no me parece de recibo es trasladar esas movilizaciones fuera del Ayuntamiento pidiendo un referéndum para que sean los vecinos de cada barrio afectado por el cambio en el callejero los que decidan. Desde mi punto de vista, es inadmisible hacer dejación de responsabilidad política y cargar sobre los ciudadanos algo que corresponde resolver a los representantes políticos en el consistorio municipal.

Si no se está de acuerdo con una norma votada democráticamente, se hace el esfuerzo democrático de cambiarla, buscando las alianzas que sean necesarias para obtener una nueva mayoría política en sede parlamentaria y/o en el consistorio. O se espera a las siguientes elecciones para cambiar la composición del Parlamento y de los ayuntamientos.

Mientras tanto solo queda como ciudadanos democráticos la actitud de respetar la decisión del consistorio municipal, y premiar o castigar con nuestro voto en las próximas elecciones a los partidos políticos que la han tomado.

* Instituto de Estudios Sociales Avanzados IESA.CSIC

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1 Comentario
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Por vecino 12:20 - 19.01.2018

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Con independencia de la valoración que a cada uno le pueda suscitar la ley, no está de más recordar que nos obliga a todos, cuanto más, a las instituciones y a sus órganos delegados; es decir, que la posible disconformidad con algunos de sus contenidos no puede justificar la impugnación o cuestionamiento de los acuerdos que se tomen como consecuencia de su obligada aplicación (dura lex, sed lex).