La necesidad de abordar cuanto antes los problemas coyunturales y estructurales del sistema español de pensiones se abordó, el pasado lunes, en el editorial de Diario CÓRDOBA. Y precisamente ayer, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, se descolgó con una propuesta de reforma no global del sistema, sino de la forma de calcular el montante final. Báñez propuso que los futuros jubilados puedan ampliar, de forma voluntaria, el periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral. En el 2013 empezó a aumentar de 15 a 25 años el periodo de cómputo para efectuar el cálculo, de forma que este año se hará sobre los últimos 21 años cotizados y en el 2022 se llegará a los 25 años.
Tradicionalmente, alargar a lo cotizado durante toda la vida laboral el periodo para calcular la pensión no beneficiaba a los trabajadores. En un mercado laboral que contempla, por ejemplo, el plus de antigüedad, la lógica decía que existía una evolución a mejor entre las condiciones al principio de la vida laboral y al final. Sin embargo, como tantas otras certezas económicas y laborales, la crisis económica destruyó estas ideas tradicionales. Hoy, es muy habitual que trabajadores en la recta final de su vida laboral hayan sufrido --tras estar durante muchos años cotizando por cantidades elevadas-- o bien despidos o bien reducciones drásticas de sueldos, lo cual penaliza el montante final de su pensión debido al descenso de sus cotizaciones.
En este sentido, la propuesta de la ministra (efectuada en una entrevista televisiva y no en el marco formal del pacto de Toledo, si bien el Gobierno afirma que ha enviado dicha iniciativa a la comisión de seguimiento a través del PP) merece ser estudiada, ya que beneficiría a un colectivo muy castigado por la crisis. No hay que descartarla como frívola sin darle un repaso, si bien planteada como una acción aislada no tiene sentido. Por eso, conviene tomarse con cautela la idea expuesta por Báñez. Por un lado, llega en un momento en que el PP trata de recuperar cierta iniciativa política en un mal momento (el pésimo resultado electoral en Cataluña, el auge de Ciudadanos, la propuesta de Pedro Sánchez de crear un impuesto para financiar el sistema de jubilación). Por el otro, siendo loable que se proponga mejorar el montante de las pensiones (la propuesta de Báñez implicaría un aumento del gasto y, por tanto, de la deuda), la urgente reforma debe abordar todo el sistema, especialmente los ingresos, pues de nada serviría diseñar mejores condiciones de jubilación para los que han cotizado años atrás si no hay fondos para afrontarlo. Rota la hucha de las pensiones, generalizada la precariedad laboral que implica cotizaciones muy bajas a la Seguridad Social, y con la generación del baby boom a las puertas de la jubilación, son necesarias reformas globales y no propuestas con aromas electoralistas.
