La detención de Eduardo Zaplana por la Guardia Civil por presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación, prevaricación y delito fiscal es un paso más en el destape de la corrupción que corroe al Partido Popular (PP) desde los gobiernos presididos por José María Aznar. De los 15 ministros del penúltimo Gobierno de Aznar, en el año 2002, 13 han tenido problemas con la justicia, desde condenas e imputaciones por corrupción, como Jaume Matas o Rodrigo Rato, o se les ha relacionado con el cobro de sobresueldos en los papeles del extesorero Luis Bárcenas.

Pero Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo del 2002 al 2004, se había librado hasta ahora, a pesar de que su nombre había aparecido en algunos de los principales casos de corrupción y financiación ilegal del PP, desde el primero, el conocido como caso Naseiro’, hasta los últimos, las operaciones Púnica y Lezo. A Zaplana se le adjudicó falsamente la frase de que había «llegado a la política para forrarse», pero no por ello dejó de ser nunca un sospechoso habitual.

La detención se produce ahora por hechos muy antiguos, concesiones de estaciones de ITV y parques eólicos, durante la época en que presidió la Generalitat valenciana (1995-2002), operaciones en las que se pagaron presuntamente comisiones en paraísos fiscales (Uruguay y Panamá), dinero que, según la investigación, estaba siendo retornado a España en los últimos meses tras ser blanqueado en América. Una zona del plan eólico fue adjudicada a una empresa de los también detenidos José y Vicente Cotino, hermanos y sobrinos del exconsejero y exdirector general de la Policía con Aznar, Juan Cotino. Vicente Cotino, condenado ya por falsedad documental y delito fiscal, admitió pagos en negro para financiar al partido. La operación Erial es, por tanto, algo más que un nuevo nombre, pues se inscribe en la corrupción ligada a la financiación del PP en la Comunidad Valenciana, un pozo de irregularidades en el que están implicados, con Zaplana, tres de los cuatro expresidentes de la Generalitat pertenecientes al PP.

El partido ha reaccionado con rapidez y contundencia, suspendiendo de militancia a Zaplana. Incluso ha sorprendido la rapidez del desapego, a la que se ha sumado Telefónica suspendiendo su relación laboral con el exministro. La rapidez y la contundencia son bienvenidas, pero no van a librar por sí solas al PP de la corrupción que persigue al partido. Son necesarias la actuación de la policía y de la justicia que, por cierto, han vuelto a demostrar su independencia ante quienes les acusan cada día de estar al servicio del Gobierno.