Mi madre, Edelmira Redon, está en una residencia de mayores desde enero de 2015. Hace más de 2 años nos comunicaron que su grado de dependencia había aumentado del 1 al 2 y que le faltaba el PIA (Programa Individual de Atención). Como el tiempo pasaba sin cambios decidimos iniciar gestiones y tomar medidas. Lo primero que hicimos fue entrevistarnos con la dirección de la residencia: eludieron toda responsabilidad. A los dos días nos desplazamos a Córdoba a la Delegación de Asuntos Sociales para conocer cómo estaba la concesión de la prestación. La respuesta fue breve, clara y fácil de resumir: retraso exagerado, extrañeza y solución inminente. Responsabilidad tampoco.

Una medida que hemos tomado ha sido comunicar a la residencia que en mayo dejaremos de pagar los recibos mensuales (en torno a 1.600 euros), pidiendo se nos facilitara un número de cuenta para ingresar el porcentaje de la pensión que contempla la ley para un grado 2, a lo cual la residencia se ha negado. La siguiente ha sido dar a conocer públicamente nuestro caso para intentar evitar, en la medida de lo posible, situaciones similares.

Por último, presentaremos sendas reclamaciones, tanto en la residencia como en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales. Sin esperanzas, por obligación ética. Para que se sepa que hay personas que mienten más que hablan y juegan con nuestra buena fe y con nuestro dinero. También nos preguntamos: ¿por qué no se cumple la ley? ¿A quién beneficia ésto? ¿A la residencia o a la Junta de Andalucía? A nosotros seguro que no, 75.000 euros pagados lo demuestran.

No sé si decir cómo Marx (Groucho) «parad el mundo, que me apeo» o como Labordeta «a la mi... todos».