En muchas ocasiones se ha criticado públicamente a la justicia por desconocimiento intrínseco del asunto fallado, por su lentitud, por sus resoluciones «injustas» pero legales que difícilmente se pueden comprender, y también por sus errores. Sin embargo en la mayoría de los casos las resoluciones, favorables para unos y desfavorables para otros, se adecúan a la legalidad y a lo fijado como controvertido en el asunto. Igualmente que se le critica, hay que agradecer su independencia y su buen hacer en temas transcendentes para los ciudadanos como es el de la nulidad de las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios. En este caso, la justicia ha suplido la injustificada inactividad política. Ningún partido ha defendido a los ciudadanos de las abusivas condiciones financieras y bancarias, pues incluso han formado parte de sus consejos de administración junto con sindicatos y formaciones empresariales. Ni el Popular ni los partidos de la oposición, llamando especialmente la atención de los socialistas y de los emergentes, como Ciudadanos y Podemos, que abanderan la defensa de los derechos e intereses de la ciudadanía o de la gente, han luchado contra tal arbitrariedad capitalista; ninguno de ellos ha defendido la delicada situación económica de los españoles ante esos abusos financieros, ninguno. Han sido los consumidores asociados y algunos particulares que han podido, quienes han luchado contra tal atropello injusto ante los tribunales, reconociéndoles la defensa de sus derechos e intereses, que nos repercuten beneficiosamente a todos.

En su momento, los jueces reconocieron la nulidad de determinadas cláusulas suelo limitando la retroactividad de su devolución, justificándolo en el quebranto del sistema financiero; sin embargo, ha sido el Tribunal de Justicia Europeo el que declara la retroactividad total de la devolución de lo indebidamente cobrado por cláusula declarada nula. Vamos a ver cómo el Gobierno articula el procedimiento para tramitar la devolución de lo indebidamente cobrado en este tema de nulidad por abuso de cláusulas hipotecarias y como actúan las entidades financieras implicadas, porque lo que no se puede es perjudicar aún más a los afectados, ya que el quebranto económico real, el perjuicio incluso la ruina lo hemos soportado las familias, verdadero sostén de la sociedad.

Otra sentencia, del Tribunal Supremo, por cierto de la que son miembros y ponente magistrados que antes lo eran de nuestra Audiencia Provincial de Córdoba, declara abusiva la cláusula que impone al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario. Y ya hay también Resolución judicial en la que por dación en pago de la vivienda se cancela la hipoteca. Las cosas van cambiando, no por nuestro políticos sino por el buen hacer de la justicia.

Se apuntaría un buen tanto y atraería votos el partido político que luchara contra el atropello y abuso de las eléctricas y consiguiera la eliminación del Impuesto de sucesiones en nuestra Comunidad andaluza, pues eso, que es defensa de los intereses generales, es hacer política.

* Abogada