La entente gubernamental que conforman Montoro-Sáenz de Santamaría, lleva cinco años asfixiando a las administraciones públicas en general y a los ayuntamientos en particular. Mientras a las primeras, en esa carrera sin fin de la contención del gasto, se les establecía un objetivo de déficit del 4,6% del PIB a los ayuntamientos, esos «hermanitos pobres y huérfanos» de todos, se le trataba con menos laxitud, obligándoles a no superar el 3%, algo que en 2016 cumplieron con «sangre, sudor y lágrimas». Las ofertas de empleo públicas paradas, las inversiones bajo mínimos, los servicios municipales abandonados a su suerte, privatizaciones, recortes…etc. era el canon que debíamos pagar todos por sus políticas de ajustes en lo público, mientras con los bancos o las concesiones de las autopistas, el Gobierno era muy rumboso -más bien despilfarrador-- con nuestro dinero «a fondo perdido».
Mientras, la Federación de Municipios y Provincias, al frente de la cual está el otrora ministro y ahora alcalde de Vigo, Abel Caballero, se quejaba amargamente, de que ni el superávit les hubieran permitido gastar ya que la desviación del 0,3% (en positivo) del objetivo del déficit en el conjunto de las administraciones públicas en 2016 ha sido de un 0,64 % en el subsector de las entidades locales, lo que ha supuesto un ahorro de 7.083 millones y “al no poder contratar personal ni dedicarlo a lo que la ciudadanía demandaba”, se ha quedado sin ejecutar; «en pleno periodo de crisis a los consistorios no se les permite actuar frente a la pobreza energética o pagar los alquileres o la alimentación de familias desfavorecidas», enfatizaba el alcalde.
Está meridianamente claro que no es un problema de gestión, ya que la realidad es que el PP está diseñando y ejecutando su política económica neoliberal y centralizada, como en otro tiempo planificaba el Estado soviético, pero en otra dirección bien distinta, aquella en la que cree, ha creído y además ha querido hacer siempre, la de apoyar y apoyarse solo en los poderosos económicamente, olvidando o dejando a su suerte o lo que es lo mismo, llevando al empobrecimiento de las clases medias y populares, con sus políticas basadas en el recorte sustancial de lo público en beneficio de lo privado. Las transferencias de capital, no obstante, no han servido ni para darle más calidad a la gestión, ni para que los trabajadores y trabajadoras reciban un salario digno.
Nada es casual. En el Ayuntamiento de Córdoba estamos asistiendo a unas movilizaciones de los empleados para que los servicios de Infraestructuras (Parques y Jardines, alumbrado, Edificios, Vía pública, talleres…etc.) sigan siendo prestados desde lo público, pues a lo largo de la última década se han ido debilitando, cuando no intentando desmantelarse, -es el caso del servicio eléctrico municipal a un paso de haber sido privatizado- en este caso sí, gracias a la rápida y eficaz intervención del gobierno municipal y de la concejala de Infraestructuras, Amparo Pernichi, en particular.
El verdadero problema que se expande por los ayuntamientos de este país se llama Partido Popular, que ha hecho leyes para hacer que todo lo que sean servicios de oficios y de dependencia, sean realizados por empresas privadas. Así en los últimos años, 41 jardineros jubilados no han sido repuestos, siendo la empresa privada la que se ha visto beneficiada de esta decisión, con una parte de la “tarta” territorial de más del 30% que sin embargo le cuesta más dinero a las arcas municipales, para las que no hay ningún tipo de cortapisa. Es verdad, que los actuales regidores municipales no han sabido ni aprovechar los pequeños resquicios que la ley les permitía, ahí tenemos la inapelable realidad. Pero mientras las energías se pierdan solo en resolver conflictos territoriales y los partidos de izquierdas se olviden, de que solo desde lo público (que es lo de todos y todas) no se podrá comenzar a diseñar una política más justa e igualitaria y nuestro dinero será repartido, como diría Sebastián Cuevas, a los pocos y no a los muchos. H * Técnico en Relaciones
Laborales
