Las investigaciones periodísticas que afloran sobre la urdimbre del atentado consumado de Barcelona y el frustrado de Cambrils revelan zonas de sombra en las que debe proyectarse cuanto antes la luz de la transparencia. Una sociedad democrática como la española --y la catalana en particular- tiene derecho a saber toda la verdad sobre la enorme tragedia del 17 de agosto, con las lógicas salvedades de lo que debe permanecer bajo reserva para garantizar precisamente la seguridad ciudadana. Y uno de los datos relevantes nuevos es que los Mossos fueron alertados en enero del 2016 de las andanzas en Vilvoorde (Bélgica) de Abdelbaky Es Satty, imán de Ripoll y piedra angular de la vesánica operación yihadista. Aunque a título personal e informal, un responsable de la unidad de inteligencia de la policía catalana recibió hace un año y medio un correo de un agente de la localidad belga pidiendo información de Satty y avisando de que estaba planeando volver a Barcelona. El e-mail, cuyo contenido divulgó ayer la agencia Efe, fue remitido en enero de 2016, cuando el supuesto cerebro de la célula terrorista que la semana pasada atentó en La Rambla y en Cambrils se encontraba buscando trabajo en Vilvoorde como imán, aunque tenía planteado regresar a Cataluña en febrero.
¿Negligió el destinatario del correo lo que podía ser un hilo que condujera a un ovillo? Según el hoy conseller de Interior, Joaquim Forn, no, y aseguró ayer que la policía belga se limitó a pedir «de forma absolutamente informal» a la policía catalana información sobre el imán de Ripoll, sin alertarles del mismo. Pero las explicaciones oficiales deben ser más claras y contundentes, porque no pueden caber dudas sobre un extremo que hoy parece que podría haber sido determinante para detectar y neutralizar las maquinaciones del imán. La claridad debe abrirse paso para eliminar suspicacias, sobre todo porque esta posible disfunción se une a dos datos clave, cuyo conocimiento directo sí escapaba a los Mossos: en el 2006 Satty salió mencionado en un sumario sobre actividades radicales, y en el 2010 ingresó en la cárcel de Castellón para cumplir cuatro años por tráfico de drogas. La transparencia informativa que Interior y los Mossos han practicado sobre los hechos del 17-A, y que les ha valido generalizados elogios, debe extenderse sin duda al asunto del e-mail belga. Y con la misma firmeza hay que insistir en la necesidad de que los cuerpos policiales -o, mejor dicho, sus responsables políticos- actúen coordinadamente y sin corporativismos, en este y en todos los casos de actuación conjunta. En general, los agentes de a pie de las fuerzas de seguridad locales y autonómicas, la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen buena relación profesional, y eso debe ser también así en todos los niveles jerárquicos. Lo contrario solo perjudica el bien superior que es la eficacia de la protección de la seguridad de los ciudadanos.
