El escandaloso suceso del depósito submarino de gas Castor suma otro capítulo con un informe del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts que aconseja no desmantelarlo por el riesgo de que aumenten los seísmos en la zona. Un paso más de una historia que parece más una febril imaginación el rigor de un Estado moderno. Concebido para almacenar grandes cantidades de combustible y esquivar su encarecimiento súbito, las operaciones de llenado del almacén se suspendieron en el 2013 después de comprobarse su relación de causa-efecto con cerca de mil seísmos en Castellón y Tarragona. Si eso ya fue suficiente para el asombro por la frivolidad técnica con la que se afrontó el proyecto, luego vino el estupor al saberse que el Estado iba a indemnizar con 1.350 millones de euros a la empresa concesionaria. La sensación de estafa --legal, por supuesto-- cundió entre los españoles, que pagarán durante 30 años esta indemnización mediante la factura del gas. Un escándalo que no ha costado la cabeza de ningún cargo público: el ministro que autorizó la compensación, José Manuel Soria, dejó el Gobierno tres años después, pero por eludir sus obligaciones fiscales. La decisión de no vaciar el Castor por el riesgo de nuevos movimientos sísmicos seguramente es la indicada técnicamente, pero reaviva la indignación.
