Con gran expectación ha empezado el juicio más importante en España desde la restauración de la democracia, un juicio que simboliza el fracaso de la política, porque la crisis institucional y constitucional abierta por el procés independentista de los últimos años tendría que haberse tratado y atajado por medios políticos y evitar que haya llegado a los judiciales. Pero ahora es el Tribunal Supremo (TS) el que debe decidir si los políticos que formaban el anterior Govern de la Generalitat y los líderes de dos de las asociaciones más importantes de Cataluña cometieron unos delitos muy graves --sedición, rebelión, malversación-- que están castigados con penas muy duras en el Código Penal.

En la primera sesión del juicio, las defensas, como habían anunciado, salieron a la ofensiva. Con la vista puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y con la intención de plantear lo que se ha llamado «defensa política», algunos de los abogados aprovecharon una jornada en principio técnica como la de ayer --destinada a las cuestiones previas-- para establecer el marco en el que planean desarrollar sus argumentos: existe una cuestión catalana que se debe dejar expresar. «Lo que hacen los catalanes es protestar, porque estamos excluidos de determinadas decisiones», dijo el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, que también denunció la «criminalización» de una serie de derechos que, a su juicio, han sido vulnerados en el proceso legal: «disidencia política», autodeterminación, reunión, manifestación... Otras defensas optaron por una vía más técnica, con argumentos como negar que lo sucedido en Cataluña en otoño del 2017 fuera una rebelión o que el Parlament llegara a votar una declaración unilateral de independencia. Este es un de los debates cruciales de las estrategias de defensa: si optan por un enfoque «político» (derecho de autodeterminación, legitimidad del referéndum del 1-O...) o toman una vía más técnica, negando las acusaciones. No es una decisión fácil, ya que de ella puede depender la suerte de los acusados.

Vista la primera sesión, la vía de la política y de la denuncia de derechos fundamentales parece el camino elegido de forma mayoritaria por las defensas. Falta ver si en sus declaraciones los acusados también adoptarán este enfoque, que muchos expertos creen más arriesgado desde el punto de vista procesal dadas las altas penas que se piden y que las acusaciones más graves (rebelión y sedición) se basan en diferentes grados de violencia que se puedan interpretar de lo ocurrido en aquellas fechas. Ni siquiera los mismos acusados niegan que en la convocatoria del referéndum del 1-O se desobedeció al Tribunal Constitucional. Hubo, pues, quebranto del orden constitucional y estatutario, en la convocatoria y organización del referéndum y en las leyes aprobadas el 6 y 7 de septiembre del 2017 por el Parlament. Hasta qué punto esta ruptura encaja en los delitos de rebelión y sedición que describe el Código Penal es el meollo legal del juicio. Una defensa «política» responde a la estrategia independentista de presentar el juicio como una farsa. No es el caso. España es un Estado de derecho con un sistema legal garantista que defiende los derechos fundamentales. El juicio acaba de empezar y el veredicto no está escrito.