El exconsejero delegado de Abengoa dice que dejó el cargo por razones de salud y la empresa estaba en «absoluta normalidad». Parece extraño que tras 25 años como directivo no detectara nada raro en una situación que devino al poco en preconcurso de acreedores. El fiscal lo acusa de delito de administración desleal por el cobro de 4,4 millones de euros brutos tras su marcha.