Ayer lunes este diario publicaba un artículo de opinión titulado Antonio Cañero, verdades y falacias, donde, en síntesis, se cuestionaban los argumentos del informe de la Comisión de Memoria Histórica que ha propuesto la retirada del nombre de la plaza de Cañero por concluir que el rejoneador se halla comprendido entre los supuestos de la vigente ley andaluza de memoria histórica. Me gustaría empezar recordando que según la RAE se entiende por falacia el «engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien». Estoy seguro de que el señor Ortiz Saez no puede sostener, porque estoy convencido de que no lo cree, que los historiadores profesionales responsables de los informes hayamos tenido la intención de propalar falacias. En todo caso no estaría de más, intentar tener discusiones y debates serenos, mesurados y respetuosos.
El primer argumento de la reflexión es el que me resulta más controvertido: según este, Cañero, como militar retirado «tenía la obligación de presentarse a las autoridades que promulgaron el Bando de Guerra --es decir a los golpistas-- bajo amenaza de juicio sumarísimo». ¿Cómo valorar entonces la actitud de quienes como el capitán Tarazona, en la misma Córdoba, se negaron a rendirse a los sediciosos pagando por ello con su vida? ¿No cumplieron Tarazona y tantos otros con su obligación entonces? ¿Es más, no cabía esperar precisamente de un militar profesional como Cañero que se hubiera puesto al servicio de la legalidad democrática y constitucional? Aunque el artículo dice conocer el informe de la Comisión, me da la impresión de que el señor Ortiz puede haber manejado una versión incompleta. El informe de la Comisión por ejemplo nada menciona de ningún ascenso del señor Cañero durante la contienda, ni dice que Cañero perteneciese a ninguna formación política paramilitar como Falange o Requetés. Y no lo dice porque no consta documentalmente y por lo tanto se faltaría al rigor historiográfico si se afirmase. Tampoco se dice que Cañero fuera un genocida. Es más, en el informe se mencionan indicios y testimonios que lo exculparían de supuestos actos de represión. El señor Ortiz sin embargo no nos reconoce este rasgo de objetividad en su artículo.
Lo que sí dice el informe es que Antonio Cañero «se puso a disposición de los jefes prestando desde la noche del 18 de julio servicios de vigilancia en el interior de la población y salidas hasta el día 20 y 21, el día 22 formó parte de una columna que liberó los pueblos de Villafranca de Córdoba y El Carpio, el día 24 por orden de la superioridad organizó una columna volante de Caballería con equipo y ganado procedente de la Guardia Civil y requisa con personal voluntario ante la necesidad urgente de efectuar la limpieza de la sierra y levantar la moral de la población civil desfilando la columna por la población al regreso de los servicios, encargándose del mando de la columna el capitán que suscribe, el día 25 practica con la columna volante en servicio de exploración y reconocimiento por la carretera de Villaviciosa a Trassierra adquiriendo noticias del enemigo capturando fugitivos y recogiendo bastantes armas, el día 26 salió de la barriada de Villarubia a 10 km. De Córdoba donde existían elementos innumerables, el día 27 efectuó un raid por la sierra en dirección de Almodovar para evitar llevasen alimento a la gente huida de la sierra (...), el día 28 cesa en el mando de la columna volante para incorporarse a la columna mandada por el Sr. Coronel Saénz de Buruaga». Y lo dice el informe de la Comisión legítima y rigurosamente porque todo el entrecomillado anterior reproduce el expediente militar de Antonio Cañero Baena.
Se puede negar la realidad. en los tiempos de la posverdad, eso no puede ya sorprendernos. La pregunta, quizás, hoy, es si su nombre puede rotular una plaza pública. De acuerdo a la ley vigente, no parece. Seguro que hay una alternativa para todos.
* Historiador
