Después de la primera reunión celebrada en Antequera, cargada de sentimiento andalucista y reafirmación autonomista coincidiendo con el cuarenta aniversario del histórico pacto, el Consejo de Gobierno dio ayer sus primeros pasos efectivos con la aprobación de diversos acuerdos como el nombramiento de los ocho delegados provinciales, con una mínima rebaja de puestos, y de parte de los altos cargos de las consejerías. Entre otros asuntos, el gabinete de Moreno ha dado luz verde a la creación de una oficina contra el fraude y la corrupción para denunciar las malas prácticas y los abusos de poder. También ha solicitado al Parlamento la creación de una comisión de investigación sobre la Faffe. Estas dos últimas iniciativas, que sin duda generarán polémica durante su creación y desarrollo, tienen una lógica consecuencia porque forman parte de las promesas electorales prioritarias de los actuales socios de gobierno, PP y Ciudadanos. Aunque toda transición tiene sus tiempos, sería necesario desde ahora aplicar mayor celeridad a los cambios para lograr cuanto antes la eficacia en la gestión de la Administración antes de que la vorágine electoral que se avecina para mayo ralentice otra vez el pulso de la Junta. No hace falta recordar que desde el pasado noviembre Andalucía ha estado en clave electoral y el futuro de los andaluces no debe estar hipotecado más tiempo por los intereses partidistas en las urnas.
