El sector inmobiliario español lleva casi diez años digiriendo los efectos del estallido de la burbuja de la vivienda, uno de los peores destrozos derivados de la crisis. No es preciso abundar en que el desastre ha sido mayúsculo, y que ha afectado tanto a los bancos que financiaron edificaciones cuyos promotores luego no pudieron pagar, como sobre todo a decenas de miles de familias que se vieron incapaces de afrontar, debido a la pérdida del empleo, el pago de la hipoteca. Este fiasco descomunal debería haber vacunado como mínimo a una generación sobre las nefastas consecuencias de las escaladas especulativas en las que la perspectiva de beneficios para varias partes (los bancos, pero también los ciudadanos que venden al alza su vivienda) es solo un espejismo, o al menos, pan para hoy y hambre para mañana. La crisis inmobiliaria, con los desahucios como expresión más lacerante, ha forzado la promulgación de algunos instrumentos legales que hoy palían el drama de quienes no pueden seguir pagando su casa. A eso debe unirse una mayor claridad de las reglas del juego en la suscripción de hipotecas inmobiliarias, y en este sentido es positivo que entidades como Bankinter estén extendiendo la dación en pago a todos los nuevos créditos, por contrato y sin coste añadido. La continuada subida actual del precio de la vivienda en muchas ciudades, obliga a encender las luces de alerta. Sería imperdonable tropezar de nuevo en la misma piedra.