Soplan malos vientos para el empleo en España. Aunque el paro no alcanza las tasas de los años de la Gran Recesión, no puede afirmarse que las condiciones de los trabajadores hayan mejorado al mismo ritmo que la economía. La precariedad laboral, que ganó terreno con la excusa de la crisis, sigue instalada en nuestro país. Por eso, ahora que Europa entra en un escenario de desaceleración económica, la alerta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la excesiva temporalidad en España cobra especial relevancia. En su último informe, la OIT estima que el desempleo (en torno al 14,5%) seguirá bajando en España, pero este aumento de trabajadores viene por la puerta pequeña, con contratos temporales y/o a tiempo parcial. La gran mayoría de estos eventuales, además, lo son de forma involuntaria, ya que casi 9 de cada 10 preferirían un contrato indefinido. Esta precariedad laboral afecta sobre todo a mujeres (lo que amplía la brecha de género) y jóvenes, generando unas desigualdades salariales que se traducen en desigualdades sociales. La proliferación de los contratos precarios no es aceptable en una economía que registra aumentos del PIB trimestre tras trimestre. Las administraciones deben vigilar y actuar contra los abusos empresariales y marcar bien las líneas rojas de los derechos de los trabajadores, sobre todo ahora que el crecimiento económico empieza a dar síntomas de frenada.