La detención e ingreso en prisión incondicional del jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Algeciras (Cádiz) por su presunta vinculación el narcotráfico siembra, independientemente del respeto a la presunción de inocencia, una nueva alerta sobre la situación del Campo de Gibraltar. La Fiscalía de Algeciras ya advirtió de que el 2018 había sido «el año del narcotráfico», y todo indica que el incremento de medios policiales no ha sido suficiente, o efectivo, para reducirlo. El tema es muy complejo, pero la posibilidad de que un mando de las fuerzas de seguridad del Estado esté implicado en acciones ilegales demuestra la realidad de unas zonas marcadas por el narcotráfico, convertido este ya en un cáncer estructural, en el que la ambición de las mafias se filtra y empapa a distintos estratos de la sociedad, hasta llegar a los servidores de la ley, que deben combatirlas. No podemos creer que sea un fenómeno generalizado, pues la Guardia Civil --cuya investigación ha llevado a esta detención- y la Policía Nacional llevan a cabo una dura e ingrata labor de lucha contra estas mafias. Pero lo ocurrido es como un toque de campana que insta al Gobierno --y a la Junta de Andalucía en la parte en que pueda coadyuvar-- a arbitrar planes para la comarca del Campo de Gibraltar, no solo en una contundente mejora de los medios policiales y judiciales, sino en la puesta en marcha de ese plan integral anunciando a finales del 2018 con inversiones en la zona y estímulo para combatir la situación de depresión económica y paro que está en la base de que las mafias encuentren amparo y prosperen con tanta facilidad.
