La medida adoptada por el Ayuntamiento de paralizar todo tipo de pagos a los clubs que gestionan las salas polideportivas de barrio de propiedad municipal ha desatado un foco de tensión con los clubs que gestionan las instalaciones. El Tribunal de Cuentas elevó este asunto a su sección de enjuiciamiento y abrió diligencias al Ayuntamiento por considerar que existe una posible infracción en la concesión de ayudas a estos clubes, y el Consistorio suspendió la aportación que les consignaba. Aunque entre el Ayuntamiento y las entidades deportivas afectadas los contactos se llevan a cabo en una atmósfera de buena sintonía y de ganas de resolver un conflicto que afecta a unos 50 trabajadores y a más de 4.000 usuarios, las salas de barrio apremian una solución y se atisba un desenlace por la vía judicial. El Ayuntamiento ha de regularizar y poner al día unos acuerdos que en algunos casos llevan vigentes desde el año 1993, y no hay que dejar que las cosas funcionen por la inercia hasta por descuido. Pero cuando se pretenden cambiar las reglas del juego a mitad del partido, aunque sea a instancias de un órgano superior, se requiere un consenso entre todas las partes. Siempre será mejor que los tribunales no tengan que intervenir y alcanzar soluciones pactadas. Más, si cabe, en un caso como este en el que las dos partes, Ayuntamiento y clubs deportivos, tienen el mismo objetivo, que no deja de ser prestar un servicio social.
