La entrega del torturador argentino de la escuela de mecánica de la Armada de donde desaparecieron cerca de 5.000 personas, Ricardo Cavallo o Sérpico , como queramos llamarlo, a la judicatura española para ser juzgado por genocida, terrorista o torturador, no cabe la menor duda de que abre un nuevo camino a la justicia internacional, sobre todo porque, tal vez, de una vez por todas puedan resolverse este tipo de crímenes de lesa humanidad. Sin duda, la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de México resulta todo un hito en la jurisprudencia universal, en la medida en que por vez primera será un tercer país el que le juzgara, y no en Argentina, lugar donde se cometieron tan horrendos crímenes durante la dictadura militar.

Probablemente, con la decisión adoptada se pueda apuntar que sea el principio del fin de la impunidad y muchos de estos asesinos, que aún andan sueltos por el mundo, al menos ya no se sentirán tan seguros como antes, sobre todo tras ver lo acaecido a Cavallo o con anterioridad al dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte. Acción esta última que fue debida al juez español Baltasar Garzón y al que fuera asesor personal del presidente constitucional de Chile Salvador Allende y experto de la ONU en Desarrollo Social, el abogado valenciano Joan E. Garcés i Ramón, a quien pudimos conocer hace años en el Instituto Olof Palme de Estudios Políticos, Económicos y Culturales, gracias al senador Joaquín Martínez Björkman, gran amigo suyo, una relación que aún hoy en día continuamos los miembros de esta institución cordobesa.

Desde hace bastante tiempo, el autor de Soberanos e intervenidos (Madrid, 1996) también anda bastante interesado por el asunto de Carmelo Soria Espinosa, el diplomático y funcionario español de Naciones Unidas, que fue secuestrado el 14 de julio de 1976, durante la dictadura militar de Pinochet, cuando trabajaba en la Comisión Económica de América Latina y, más tarde, asesinado. A pesar de ello, las autoridades chilenas atribuyeron en su día su muerte a un crimen pasional. Hoy, sin embargo, sabemos que fue la policía secreta del régimen, la temida DINA, la responsable de su asesinato. En aquel momento, como no podría ser de otra manera, el execrable criminal quedó impune y hace ya cerca de un lustro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitara que se establecieran las responsabilidades oportunas para reparar la muerte de este ciudadano español. Su restos se inhumaron el pasado año, tras haber sido enterrado en su día en el cementerio de Santiago.

No cabe duda que, a pesar de las promesas del gobierno chileno a su familia para reabrir el caso, lo primero que debería haberse hecho es derogar la ley de amnistía que ampara a los asesinos. La condena del Estado, a instancias de la viuda, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a indemnizar a la familia y reabrir el caso, tal vez no sea ya suficiente, porque como bien apuntó Joan Garcés en una entrevista publicada el pasado año por el diario Abc , los jueces "no piensan reabrir el caso mientras no se derogue ese decreto, que tienen las manos atadas para sentar en el banquillo a los responsables".

De cualquier forma estoy bien seguro que la tenacidad de este doctor en Ciencias Políticas por la Sorbona y experto investigador de la Fondation Nationale des Sciences Politiques de París, que formó parte del equipo personal del candidato del Programa Común de las izquierdas a la Presidencia de Francia en 1974 y la de su colega chileno harán que, más pronto que tarde, Laura González-Vega y sus hijos Laura, Carmen y Luis Soria, acaben triunfando en su demanda contra la República de Chile.

Y mientras, yo me pregunto: ¿qué dicen las autoridades españolas del asunto de nuestro compatriota que en su día también llegó a cooperar con el Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende?