Cuando aún no ha transcurrido un mes de las elecciones generales, ya estamos inmersos en la campaña de las próximas municipales. Aquí nada tienen que ver los independentistas, separatistas ni otros partidos nacionalistas, ¡gracias a Dios!; ninguno de ellos influye ni condiciona la política cordobesa. Tampoco el resultado de las generales, ni los posibles pactos del gobierno estatal dependen del gobierno que se pueda conformar en Córdoba, que no nos engañen. Las elecciones municipales son el cauce inmediato de participación ciudadana más directo en los asuntos públicos de nuestra ciudad, y el voto es fundamental. Con él elegimos a quienes gobernarán durante 4 años en nuestro Ayuntamiento, con propuestas reales, efectivas, responsables y eficientes. La gestión de su actuación es tan cercana que somos destinatarios naturales del resultado de la misma, para bien o para mal. Quizás por ello, nuestro nivel de exigencia de responsabilidad y de competencia a los políticos locales es más alta, ya que su compromiso es mucho más cercano y personal que el que puedan tener los parlamentarios nacionales o andaluces. Y es que el gobierno municipal tiene competencias propias en las que poco o nada pueden intervenir aquellos, y sobre ellas decide quien gobierna. Entre otras, destacan: planificación, programación y gestión de viviendas, ordenación y gestión en trámites urbanísticos, servicios sociales comunitarios, servicios básicos como alumbrado público, transporte público de viajeros, recogida y tratamiento de residuos y limpieza viaria; también cooperación con otras administraciones y entes en materias de salud, medio ambiente, turismo, cultura, deporte o patrimonio. Los cordobeses hemos comprobado que el gobierno actual de coalición PSOE-IU, aun con esas competencias en su mano ha sido incapaz de gestionarlas, provocando la regresión económica de nuestra ciudad. Prueba de esto han sido las numerosas protestas (construcción, empresarial, colegios profesionales, particulares...) sobre el grave e insostenible retraso en la tramitación de las licencias urbanísticas. O las demandas y quejas de vecinos y comerciantes por la falta de alumbrado e iluminación de sus barrios o en Cruz Conde. Las trabas burocráticas a pequeños empresarios y comerciantes para gestionar su profesión o negocio, y los numerosos locales vacíos. La suciedad de las calles. Los problemas de la viviendas sociales y la falta de atención a personas en riesgo de exclusión y dependientes. Pero lo más incomprensible es que hay recursos económicos y materiales para solucionar y solventar todas esas deficiencias y problemas, al haberse dejado de invertir 110 millones de euros que hay en la caja municipal. Si quien tiene a su disposición recursos económicos públicos cuyo fin es garantizar los intereses generales de los cordobeses y competencia para ello, no lo hace, es incompetente e irresponsable, y también inhábil para seguir gobernando.
* Abogada
