El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla está ultimando la adopción de una «solución definitiva» para los conocidos como Pisos de los Maestros, un bloque de viviendas situado en la calle Arrumbadores, entre el centro de participación activa de mayores y el centro de Educación Permanente Antonio Gala. De este modo, el Área de Urbanismo ha finalizado la valoración económica de cada una de las viviendas con el objetivo de favorecer su venta posterior a los actuales inquilinos.
El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, explicó que el proceso puesto en marcha hace un año, y que previsiblemente concluirá «en las próximas semanas», pretende dar respuesta a una situación «irregular» que se ha generado con la ocupación de parte de esas viviendas que, en muchos casos, «no presentan unas condiciones mínimas de habitabilidad», tal y como recordó.
De forma paralela, los técnicos de los Servicios Sociales Comunitarios trabajan desde hace varias semanas con las familias inquilinas del edificio para «conocer su interés por regularizar su situación y valorar las necesidades de cada caso».
«A través de un formulario, los técnicos están realizando una valoración de los diferentes casos para conocer la situación de cada familia y analizar cuál es la solución más viable para cada una de ellas», explicó, por su parte, la teniente de alcalde de Bienestar Social, Igualdad y Recursos Humanos, Lola Casado, quien puntualizó que casi la totalidad de los inquilinos de estos pisos son usuarios del centro de Servicios Sociales, «por lo que conocemos las principales dificultades que presentan».
Precisamente, la situación irregular en la que se encuentran muchos de los ocupantes obligó al Consistorio a establecer las primeras medidas hace aproximadamente dos años cuando, tras fallecer el inquilino de uno de los pisos, se optó por tapiar la vivienda con el objetivo de evitar que fuera ocupada mientras se desarrollaba un plan para su adecuación y posterior regularización. Sin embargo, las medidas que se pusieron en marcha entonces no fueron suficientes para evitar que una familia se instalara en dicho inmueble lo que, finalmente, derivó en un proceso administrativo para que desocuparan la vivienda.
