Corría el año 1984 cuando un grupo de profesores y alumnos de la Universidad de Córdoba crean la Asociación Cordobesa para la Defensa de la Naturaleza y el Instituto Cordobés de Medio Ambiente. Una de las primeras acciones fue documentar el estado de conservación del lobo en Andalucía. Se entregó a la Agencia de Medio Ambiente un informe y concluía que no quedaban más de 50 lobos. Se organizó una campaña de protección del lobo porque se consideraba cazable. Se recogieron decenas de miles de firmas y se solicitó su declaración como especie protegida. Córdoba fue la primera en prohibir su caza en la Orden General de Vedas de 1985. Tras pasar por el Consejo Andaluz de Medio Ambiente, en 1986 veía la luz un Decreto que protegía al lobo en Andalucía y se establecía el derecho a cobrar indemnizaciones por los daños que sufriera el ganado. Posteriores modificaciones legislativas han dejado efectivo este aspecto para que no recaiga el peso de la conservación en los ganaderos.

Los primeros daños en Córdoba datan de 1994 en la Sierra de Cardeña y Montoro. En doce años se produjeron 30 lobadas sobre 401 cabezas de ganado, principalmente ovino, por las que se abonaron 24.456 euros (Quero, 2007), cifras pequeñas para la conservación del lobo. Al principio el pago era tedioso pero al final en menos de un mes se efectuaba. Hay que recordar que en esa época el ganado no mantenía ninguna medida preventiva para evitar los ataques del lobo.

A pesar de su protección, se pudo demostrar el abatimiento de un ejemplar en 1995 en una Montería en Cardeña, determinar su autor y sancionarlo. Con anterioridad a esta fecha y con posterioridad llegaron también rumores de abatimientos de más ejemplares en otras monterías que no pudieron ser comprobados, el pacto de silencio lo hizo imposible. Una Directiva de la Unión Europea de 1992, de obligado cumplimiento, considera al lobo al sur del Duero como especie estrictamente protegida y su conservación prioritaria, lo que supone una especial responsabilidad para la Comunidad. Esta Directiva fue traspuesta en el ordenamiento jurídico español en el año 1995. Por meses la muerte de este lobo no fue delito.

Hasta principios del siglo XXI se aplicó una conservación preventiva y no existen datos que indicaran que le fuera mal. En 2001 se aprobaron las Bases para la conservación del lobo en Andalucía en las que se puso de manifiesto que esta especie se encontraba mayoritariamente en Andújar, Cardeña y Montoro y algún grupo aislado entre las provincias de Córdoba y Sevilla al norte de Hornachuelos. En total se citaban de 9 a 11 grupos familiares con un tamaño de población de 45-55 lobos. En el año 2003 se aprueba un programa de seguimiento y reducción de daños que preveía un acercamiento a las personas y titulares de cotos. Fue un programa que en los primeros años funcionó muy bien, poco a poco fueron disminuyendo los ataques y las observaciones hasta convertirse en citas no comprobables.

En las cámaras de seguimiento de lince no aparecían lobos y las personas que hacían seguimiento del felino también perdieron su rastro. Nuevamente desde Córdoba, en 2012, se da la voz de alarma de que posiblemente estuviera casi extinguido. Se realiza un exhaustivo muestreo y tras analizar muchos excrementos sólo se encuentran seis compatibles, en la Sierra de Hornachuelos, Espiel y Andújar. El año 2013 es el último del que se tienen datos fidedignos del lobo en Andalucía. Se convierte en un fantasma que aparece y desaparece sin citas claras. En 2018 Carles Vilà publicó un estudio del genoma del lobo donde incluyó un lobo atropellado en 2003. Al menos uno de sus abuelos había sido un perro, hecho que parece evidenciar, aunque no hay más datos, que el número bajo de grupos y ejemplares les empujó a la endogamia y la hibridación comprometiendo su conservación a largo plazo.

Hoy hay que considerarlo en Andalucía como «especie extinguida en estado silvestre» y la legislación europea, nacional y autonómica obliga a su declaración como tal o al menos como especie «en peligro de extinción», con las consecuencias legales que eso conlleva, dotarse de un Plan de Reintroducción, expediente que se encuentra finalizado desde finales de 2018. De no hacerlo la Unión Europea promoverá el oportuno procedimiento y llevará al Reino de España a los Tribunales Europeos. Con seguridad finalizará con una sanción clara, contundente y recurrente mientras no se adopten las medidas adecuadas.