El BOE del pasado 4 de julio publicó la modificación en los PGE para el ejercicio 2018 del tipo del IVA para los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial para servicios con plazas concertadas en centros o residencia pasando del 10% al 4%. Entiendo que el sentido de esta medida es ayudar a los residentes y sus familiares.

Como es costumbre, la Residencia Geriátrica Mirasierra, privada y acreditada por la Junta de Andalucía (con independencia de la subida o no del IPC), y con la única explicación de que «lo exige la Junta de Andalucía» en enero pasado subió la factura un 2%. Curiosamente este año, en julio, coincidiendo con la citada reducción del tipo de IVA, y sin notificación alguna (ni posterior ni anterior), es decir, a la chita callando, sube otro 5,60%, lo justo para que el resultado final coincida exactamente con el importe que veníamos soportando. Yo me he enterado de todo esto casualmente al cambiar, por distintos motivos, a mi madre a otro centro. Ignoro si el resto de los interesados sabrán algo o no de este asunto, y si la subida ha sido general o solo afecta a los que perciben ayuda por la Ley de Dependencia.

Quisiera desde aquí hacer un llamamiento a los poderes públicos que corresponda (Gobierno de España, Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Agencia Tributaria, Oficina del Consumidor...) para que estudien lo que aquí expongo y valoren si merece la pena el esfuerzo que supone a las arcas del Estado reducir un impuesto, destinado a favorecer a los más necesitados, y que por triquiñuelas ¿legales, éticas? no llegue a quien realmente corresponde.