Después de mucho tiempo de recortes sociales, que ha instalado en la pobreza a diferentes colectivos del país, se intenta con los Presupuestos Generales del Estado de este año paliar las carencias, redistribuyendo la riqueza, para evitar hacer más rico al rico y más pobre al que ya lo era. Aunque por desgracia nunca llueve a gusto de todos. Para algunos es poco lo presupuestado. En cambio otros dicen que serán los presupuestos de la ruina del Estado. Siempre habrá una excusa para rechazarlos. Con estos postulados inician su andadura. Ahora se plantea el problema de cómo sacarlos adelante. Hay partidos políticos que no los votarán, pues subir los impuestos a los ricos y grandes empresas que ahora pagarán lo que en justicia por sus inmensas ganancias corresponde contribuir, no lo ven necesario. Los hay que, para instalarse en el poder, pregonan que lo harían mejor sin pensar que de momento solo son minoría y favorecerían también a sus votantes. No faltan los que mezclan las churras con las merinas y si no hay indulto para los delincuentes en la cárcel ellos no los aprobarán.

Y, por último, los que han irrumpido al final que vociferan y aunque no pueden votarlos quieren ya eliminar mejoras a la mujer y la violencia de género entre otras. En medio las clases sociales más desfavorecidas, que serían los beneficiados, asisten a este desbarajuste deseando que no se dejen pasar unos presupuestos sociales tan necesarios, con sus mejoras en salarios, sanidad, educación, pensiones o dependencia… por intereses partidistas o no haberlos propuesto su propio grupo parlamentario. Ahora deberán justificar su postura los que se nieguen a aprobarlos, sean de derechas o de izquierdas.