El Gobierno envía al Tribunal Constitucional el acuerdo del Parlamento catalán que reprueba al Rey Felipe VI. Discrepo, por descontado, de que una institución ofenda a nuestro monarca con el único objetivo de crear tensión y dar alegrías al separatismo, pero no comprendo que, una vez más, se recurra al sistema judicial para abodar el asunto. ¿Es que por cobardía o falta de determinación de los políticos la vida entera de este país va a estar siempre en manos de los jueces?