Tras la constitución del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, y desde las últimas elecciones del 2 de diciembre, se han publicado muchas cosas en distintos medios de comunicación en relación con el candidato Francisco Serrano, exjuez inhabilitado tras una sentencia que perjudicaba a una madre respecto a la custodia de su hijo. Entre los posicionamientos de este señor se encuentra su posición antagonista a la legislación andaluza contra la violencia de género, y haber llamado de manera calumniosa «kaleborroka» a la manifestación feminista que se produjo frente al Parlamento de Andalucía, término que todos sabemos estuvo ligado al terrorismo ocurrido en el País Vasco en las últimas décadas. En los diarios El País, El Confidencial y La Vanguardia, se ha publicado que, además, este señor mostró oposición a que en el barrio de La Macarena en Sevilla hubiese albergues y comedores sociales, que van dirigidos fundamentalmente a indigentes, los cuales caen en esta situación extrema de exclusión social por causas diversas: económicas, sociales, y de salud. Los laboratorios Adamed publicaron en 2015 que un sector muy elevado de personas sin hogar padece enfermedades de salud mental, que bien padecían anteriormente o las adquirieron después. La ruptura de lazos laborales y sociales provoca esta situación ante la vulnerabilidad de patologías mentales, y el acomodamiento institucional ante esta situación es un atentado contra el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en nuestra sociedad. El modelo que representa el señor Serrano no es solo contra las leyes de violencia de género, contra el Estado Autonómico, los diversos modelos de familia, la educación pública, y la concordia frente a la crisis territorial, sino también contra el valor humano que supone la inclusión de excluidos socialmente. Ningún partido debería andar con tibiezas frente a la aporofobia, o rechazo a los excluidos.
