Como lo indispensable para vivir -electricidad, alimentos, transportes, vivienda, calzado, ropa…- sube más que el IPC y la Constitución conmina a que las pensiones se actualicen asegurando «la suficiencia económica a los ciudadanos», habría que blindarlas y vincular su incremento anual a una cesta ponderada de artículos y servicios de primera necesidad para no abandonarlas al caciquil albur del Gobierno de turno. Si no el jubilado que no tiene otra alternativa y ajusta resignadamente sus gastos a su pensión, queda desamparado. Cuando merma su poder adquisitivo, su calidad y esperanza de vida también menguan y su día a día se torna en angustiosa zozobra. Los miembros del Pacto de Toledo deberían dar su opinión sobre una proposición en este sentido, y quien esté en contra que lo exprese públicamente y los pensionistas sabrán qué hacer; porque España, decimotercera economía mundial que recauda siete puntos menos que la eurozona, lo puede asumir subiendo impuestos a ricos y grandes empresas.