El pasado 23 de enero, y ante miles de personas, Juan Guaidó, un joven parlamentario, cambió de manera radical las reglas inéditas del conflicto venezolano: se prestó juramento a sí mismo como «presidente encargado». Para hacerlo, invocó una serie de artículos de la Constitución bolivariana que los opositores más radicales siempre denigraron. Estados Unidos reconoció a Guaidó de inmediato. Luego lo hicieron unos 50 países y el final del Gobierno «usurpador» de Maduro parecía inexorable.

Como colofón de estos 60 días sin respiro, y mientras se auguraban todos los desenlaces que habilita la imaginación o el deseo, ocurrió lo más impredecible: el país se quedó a oscuras. Cuando la luz volvió a encenderse, Maduro, que quiere reformar la Carta Magna que cree sacrosanta, seguía en el Palacio de Miraflores, y Guaidó, en su papel de presidente paralelo sin poder territorial.

Mientras, Washington amenaza con otras formas de hacer daño, la UE aparece como furgón de cola de Trump, y Rusia y China no dan señales de abandonar a su socio. ¿Hasta cuándo se prolongará una situación tan insostenible y que, sin embargo, corre el peligro de normalizarse?

La detención de Roberto Marrero, la mano derecha de Guaidó en el Parlamento, acusado de actividades terroristas, ha introducido en las últimas horas una sutil novedad en la disputa. Algunos analistas ven ese arresto como un acto terminal del madurismo. Otros, como un signo de leve recomposición que anuncia una mayor intensidad represiva de la denunciada por Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Lo cierto es que, por ahora, Guaidó sigue en la calle.

La anomalía venezolana es de tal calado que durante la primera quincena de marzo, entre carnavales y apagones, solo se trabajó cuatro días. Con este trasfondo, no dejan de escucharse voces críticas de excompañeros de ruta e incluso deserciones de primer orden. El exministro de Energía Héctor Navarro consideró que Maduro es «el principal responsable» de las desdichas.

El general Carlos Rotondaro, nada menos que el expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) hasta el 2017, se fugó a Colombia, aceptó la autoridad de Guaidó y reveló que casi 5.000 pacientes renales murieron el año pasado a consecuencia de la crisis del sector sanitario. Pero esos goteos aún no alcanzan al poder militar activo. Los que huyen, por ahora, son suboficiales o generales retirados.

Según la consultora Datanálisis, un 79% de los encuestados desean que Maduro se vaya. El Gobierno es sordo ante esos estados de opinión. Sus enemigos declarados, que tienen a Guaidó como figura coyuntural y a Leopoldo López en la retaguardia y bajo arresto domiciliario, no tienen otro horizonte que echarlo pronto.

¿CÓMO ACABAR CON maduro? / Enrique Ochoa Antich, uno de los fundadores en los años 70 del Movimiento al Socialismo (MAS), considera que el «extremismo» ha desplazado del escenario a una franja de la «oposición democrática». Ochoa Antich no tiene dudas de que Maduro «merece salir». La pregunta es «cómo». Para el también escritor, el conflicto debe resolverse por la vía democrática y pacífica. «Se requiere más valentía para conversar con el enemigo que para insultarlo».

En este contexto, el exalcalde de Caracas y uno de los referentes de la oposición más dura, Antonio Ledezma, llamó desde el exilio a activar el principio de intervención humanitaria. «La narcotiranía no saldrá ni con las flores de Zapatero», quien estuvo días atrás en Caracas, «ni con las bambalinas de falsos diálogos a la dominicana». Ledesma insistió en que «es hora» de que la Asamblea active el artículo 187 de la Constitución que abra las puertas a una acción de otro orden de la coalición internacional.

Craig Faller, jefe del Comando Sur del Ejército de EEUU, dijo que su «trabajo» es «estar listo en todo momento». Y agregó: «Hemos estado hablando con nuestros socios y nadie piensa que una opción militar sea buena idea». Los militares brasileños, el contrapoder del ultraderechista Bolsonaro, rechazan algo así en Venezuela.