La Unión Europea no se quedará de brazos cruzados y defenderá ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) sus derechos. La decisión del Gobierno de Estados Unidos de reactivar desde este 2 de mayo la posibilidad de imponer sanciones a las entidades e individuos europeos que hagan negocios en Cuba con los bienes confiscados tras la revolución de 1959 ha abierto una nueva fisura en las ya tensas relaciones entre Bruselas y Washington. "Causará fricciones innecesarias y debilita la confianza y la previsibilidad en las relaciones trasatlánticas", ha avisado la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
Los intentos de Mogherini y de la comisaria de comercio, Cecilia Malmström, por revertir la situación no han tenido éxito y la decisión de la Administración que dirige Donald Trump de reactivar la aplicación del título III de la ley Helms-Burton, que permanecía congelado, era esperada. "Es una violación de los compromisos asumidos en los acuerdos entre la UE y Estados Unidos en 1997 y 1998 que han sido respetados desde entonces sin interrupción", ha lamentado la italiana en un comunicado secundado por los 28.
La postura de la UE no ha variado desde que el pasado 10 de abril Mogherini y Malmström remitieran una carta al secretado de estado estadounidense, Mike Pompeo, advirtiéndole de acciones ante la OMC. "La aplicación extraterritorial de medidas unilaterales restrictivas contraviene el derecho internacional", han vuelto a recordar avisando que tomarán "todas las medidas apropiadas" para afrontar los efectos de la ley estadounidense, incluidos los derechos en la OMC y el uso del estatuto de bloqueo. Se trata de una cláusula que la UE creó en 1996 para proteger los intereses europeos de las sanciones económicas de terceros países.
PRIMERAS DEMANDAS
En el primer día de la entrada en vigor del título III de la Helms-Burton, ya se han presentado las primeras demandas contra una empresa. Se trata de la compañía de cruceros Carnival, que utiliza instalaciones portuarias en Cuba que después de la revolución de 1959 fueron expropiadas a sus dueños.
Las demandas fueron interpuestas ante los tribunales federales de Miami por Javier García Bengoechea, que asegura ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y por Mickael Behn, cuya familia poseía la firma Havana Docks Corporation en el puerto habanero.
